Biden lleva su reforma migratoria al Congreso
El presidente de EEUU promueve un ambicioso proyecto de ley que otorgue la ciudadanía a 11 millones de indocumentados
El proyecto de ley con el que el presidente de EEUU, Joe Biden, busca promover una ambiciosa reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados llegó ayer al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas. Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son los patrocinadores de la Ley de Ciudadanía Estadounidense
de 2021, la propuesta bandera con la que el Gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.
La amplia iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo a los soñadores, los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) –que en su mayoría proceden de Centroamérica– y los trabajadores agrícolas inmigrantes.
Amplía además los visados de diversidad de 55.000 a 80.000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas. Un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por Barack Obama, pero naufragó en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.
Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden debe contar con todos los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.
El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente (conocida por su nombre en inglés green card). Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de “inmediato” y tres años más tarde la ciudadanía. Será un requisito fundamental para estas personas “haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021”.
El proyecto deroga la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10.000 a 30.000 los cupos para los visados U (que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental).
Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término “extranjero” por “no ciudadano” y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.