El Tribunal de Cuentas archiva la causa contra Cavada y Loaiza
● El procedimiento de reintegro por alcance por el canon del club de La Casería no seguirá adelante
El Tribunal de Cuentas ha decretado con fecha del pasado 5 de marzo el archivo y sobreseimiento del procedimiento de reintegro por alcance abierto por las “presuntas irregularidades contables” detectadas en el Ayuntamiento de San Fernando ante la anomalía de ingresos que suponía el impago del canon por la utilización de las instalaciones municipales del club náutico de La Casería desde su puesta en marcha en 2012.
El proceso contable, tras las diligencias preliminares practicadas a lo largo de 2019, señalaba como presuntos responsables a la alcaldesa, Patricia Cavada, y a su predecesor en el cargo, José Loaiza, así como a sus respectivos concejales de Urbanismo, Claudia Márquez y Ángel Martínez, para los que se llegaban a plantear cantidades que oscilaban entre los 100.000 y los 20.000 euros a las que tendrían que haber hecho frente en el caso de que, finalmente, hubiese prosperado el procedimiento y la sentencia hubiese insistido en su responsabilidad por haber dejado de ingresar estas cantidades relativas al canon del club náutico de La Casería.
El archivo de la causa supone así un respiro tanto para Cavada y Loaiza como para los dos ediles de Urbanismo de la última década, que no solo se libran de tener que responder con su propio patrimonio y con unas cantidades nada despreciables sino que también consiguen despejar cualquier atisbo de duda ante supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento isleño tanto ahora, con los socialistas en el gobierno desde hace casi 6 años, como en el mandato de los populares.
La causa del Tribunal de Cuentas trascendió el pasado 15 de enero cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la resolución en la que se daba cuenta del inicio del procedimiento de reintegro por alcance que afectaba al Ayuntamiento de San Fernando y que se había emprendido a raíz del informe de fiscalización elaborado por el propio interventor del Ayuntamiento isleño, que advertía de una “anomalía de ingresos” cifrada en 123.913,81 euros al no haberse cobrado el canon por el uso de las instalaciones municipales del club náutico de La Casería al club del mismo nombre.
Desde el gobierno local se insistió desde el primer momento en que no existía menoscabo para las arcas municipales y que, de hecho, se había llegado ya a un acuerdo con la asociación de pescadores deportivos para que afrontaran su deuda de manera fraccionada durante los próximos años. La liquidación del canon –se justificó– se acometió en 2019 coincidiendo con la terminación de la concesión de uso de las instalaciones (ahora en proceso de renovación).
Ese mismo argumento llevó hace unas semanas a que el Ayuntamiento acordara retirarse de la causa, en la que se había personado poco antes, al confirmarse ese acuerdo de pago del club deportivo con el servicio provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación poniendo incluso como garantía de pago los pantalanes de las instalaciones, que son de su propiedad.
Se advertía entonces que no existía un perjuicio real y efectivo para la hacienda municipal por cuanto la deuda objeto de controversia se había reclamado al obligado al pago y se había garantizado su abono con garantías. Así que la causa –se entendía– se quedaba sin argumentos al girar sobre cantidades que ya se habían empezado a cobrar.
Así lo entendió también el Ministerio Fiscal, que una vez trasladado este acuerdo para el fraccionamiento del canon y el pago de intereses –la cantidad final asciende en total a 183.796,42 euros– pidió también el archivo de la causa, como se recoge en el auto del Tribunal de Cuentas dictado la semana pasada en el que se descarta definitivamente seguir adelante con un juicio contable que hubiese situado directamente en la diana a Patricia Cavada y a José Loaiza.
Eso sí, la asociación de pescadores deportivos de La Casería, con independencia del acuerdo alcanzado, ha anunciado también que recurrirá el cobro del canon por la vía judicial.
El Ministerio Fiscal solicitó el archivo de la causa tras el acuerdo de pago con el club