Revocada la semilibertad de Oriol Junqueras, los ex ‘consellers’ y los ‘Jordis’
● El juzgado de vigilancia penitenciaria considera “precipitada” la concesión del tercer grado dadas las condenas impuestas
El juzgado de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de enero al ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn y los Jordis, a raíz de los recursos de la Fiscalía.
En sus autos, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña estima los recursos del Ministerio Público y tumba la semilibertad de los siete presos de Lledoners, quienes a lo largo del día de ayer regresaron a la prisión para volver al segundo grado.
Por el contrario, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera de Justicia Dolors Bassa seguirán disfrutando del tercer grado –que les permite salir a diario y regresar a la cárcel sólo a dormir, de lunes a jueves–, puesto que el juzgado del que dependen las cárceles donde cumplen condena no se ha pronunciado aún sobre el recurso de la Fiscalía.
Los autos, que se pueden recurrir ante el propio juzgado o directamente al Supremo, sostienen que la concesión de la semilibertad a los presos del procés es “prematura” y “precipitada”, teniendo en cuenta las penas impuestas –de hasta 13 años–, y recuerda que los internos no asumen que cometieron delito alguno, lo que aboca al fracaso su tratamiento penitenciario de reinserción.
El magistrado Mariano David García, que está de suplente en el juzgado de vigilancia número 5 de Cataluña, se ha desmarcado así de la decisión de la titular, que el pasado mes de julio avaló la concesión del tercer grado a los presos del procés, aunque se lo suspendió a la espera de que el Supremo se pronunciara.
El juez considera “llamativo” que los nueve presos del procés hayan seguido idéntico recorrido penitenciario, cuando lo habitual es que personas implicadas en unos mismos hechos tengan una “evolución diversa y, en consecuencia, una respuesta individualizada”.
En ese sentido, el juez da la razón a la Fiscalía y admite que en el itinerario de los presos del procés hay una “apariencia de vaciado de pena, lo que exige una especial vigilancia para que ello no se produzca realmente y que en todo caso está llamada a ser corregida a través del control” por parte de los juzgados y del Supremo.