La junta birmana acusa a Aung San Suu Kyi de recibir pagos ilegales por 600.000 dólares
La junta militar birmana prosiguió ayer con su cruenta matanza de civiles con 10 nuevos muertos mientras aceleró su ofensiva judicial contra la oposición al acusar de corrupción a la depuesta líder del Gobierno, Aun Sang Suu Ky, el cargo más grave presentado en su contra. La represión se produjo durante una nueva jornada de protestas pacíficas contra el golpe de Estado celebradas en varias ciudades del país, incluida Rangún, donde un manifestante falleció en el acto de un disparo en la cabeza.
En la localidad de Myaing, en la central región de Magway, seis personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas por disparos de las fuerzas de seguridad, que abrieron fuego directamente contra los manifestantes.
A esta nueva muestra de brutalidad policial, la junta militar sumó un hito en su ofensiva contra Su Kyi, a la que acusó de haber recibido pagos ilegales de 600.000 dólares y también oro. Un portavoz de la junta, Zaw Min Tun, precisó que la Nobel de la Paz habría recibido el dinero y el oro durante su mandato de manos de Phyo Min Thein, jefe de la región de Rangún.
Se trata de la acusación de más enjundia contra Suu Kyi, de 75 años, que puede enfrentarse a penas de años de cárcel si fructifican este y otros cargos presentados contra ella desde su detención el 1 de febrero, como la importación ilegal de un dispositivo de comunicación, vulnerar las leyes contra el Covid-19 o publicar mensajes “que inciten al miedo o a la alarma”. La junta presentó su acusación en una jornada en que recibió la condena del Consejo de Seguridad de la ONU, que pidió la liberación de la líder política y el cese de la violencia.