España empleará el Tratado Fiscal de Gibraltar para buscar evasores
● La entrada en vigor del acuerdo posibilita una relación inédita
La entrada en vigor el pasado 4 de marzo del Tratado Fiscal sobre Gibraltar permitirá al Ministerio de Hacienda español identificar por primera vez en la historia a aquellas personas y empresas –la mayoría, grandes capitales– que se escondían en el entramado legal del Peñón para evadir cada año cientos de millones de euros. Hasta ahora, la Agencia Tributaria se encontraba en la Verja con un muro opaco tras el que sabía que se ocultaban sociedades de todo el mundo que, no solo aprovechaban una política impositiva ventajosa, sino que evitaban así tributar en España, con el consiguiente perjuicio para sus arcas. Ahora tiene la herramienta para evitarlo.
Según el Gobierno de Gibraltar, al que le ha conducido a la mesa de negociación su salida de la Unión Europea, en el mes de enero de 2021 habían inscritas 12.761 empresas activas para una población de unos 30.000 ciudadanos. Muchas de ellas, en un limbo fiscal al que España era incapaz de acceder. El Tratado Fiscal que este sábado publicó el BOE supone una nueva etapa de cooperación administrativa en materia fiscal por el que ambas partes se comprometen a intercambiar la información “para la administración, ejecución y recaudación de los tributos de toda clase y denominación”.
Esta nueva relación, que no ha nacido hasta que el Peñón se ha visto obligada por el Brexit, llevará a España a sacar a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales, una condición sine qua non que los negociadores británicos pusieron para firmar el Tratado. El Gobierno de Fabián Picardo ha mantenido desde hace años una especial preocupación por mejorar su intercambio de información fiscal con varios países y, sobre todo, por hacerlo ver. La Roca ha rubricado ya 27 acuerdos de este tipo que le ha permitido abandonar la lista negra de países como Polonia, Canadá, Estonia, Italia, Letonia o Bulgaria. La Unión Europea nunca ha considerado al Peñón como una de las “jurisdicciones no cooperativas” y, tras la última revisión de su sistema fiscal y societario, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que Gibraltar “cumple en gran medida” con los estándares exigidos, lo que le colocó a la misma altura de transparencia e intercambio de información en materia fiscal de España, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido. Le quedaba España para quitarse el sambenito de paraíso fiscal que arrastra desde hace años y que deplora.
La salida de la Roca de la lista de paraísos fiscales española no es automática. España tendrá que modificar el Real Decreto 1080/1991 por el que se creó esta relación. En una reforma de 2003 se contempla la salida de los territorios que firmen convenios con España como el que ha entrado en vigor sobre Gibraltar. Ya ha sucedido con Malta, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, Hong-Kong, Singapur, Barbados, Chipre, Omán o Andorra.
Gibraltar asume que seguirá aplicando, pese a su salida de la Unión Europea, “toda la legislación y las normas de la UE relativas a la transparencia, la cooperación administrativa, las prácticas fiscales perniciosas y la lucha contra el blanqueo de capitales”.
Antes de un mes, España y el Peñón tendrán que designar sus respectivos órganos de enlace competentes para llevar a cabo la cooperación prevista. Además, crearán un Comité Conjunto de Coordinación, que supervisará las actividades conjuntas previstas en el documento. Esta comisión “se esforzará por resolver de mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda que pueda surgir en relación con la interpretación o ejecución” del Tratado.
España tendrá acceso “libre y directo” a las anotaciones del Registro Mercantil de Gibraltar así como al Registro de la Propiedad de Gibraltar, además de a la información que sea pública sobre titulares reales o, mediante solicitud remitida al Commissioner of Income Tax gibraltareño, de empresas, personas jurídicas, sociedades de personas y fundaciones. También a datos sobre “fideicomitentes, fideicomisarios, beneficiarios y elementos patrimoniales de todo tipo de fideicomisos, así como otros instrumentos o formas jurídicas establecidas o administradas en Gibraltar, o que se rijan
por su legislación”, cuando estos “sean residentes fiscales en España o los elementos patrimoniales de cualquier tipo de fideicomiso estén situados en España”.
España obtendrá información semestral sobre buques, aeronaves y vehículos de motor
registrados en Gibraltar en relación con residentes fiscales españoles y viceversa, e información anual de los trabajadores registrados en Gibraltar como residentes en España, “detallando específicamente todos los extremos de su relación laboral subyacente o de cualquier actividad empresarial o profesional desarrollada por dichos trabajadores, incluidos los pormenores relativos a la duración, los términos económicos y el empleador”. En este caso se hará, antes de cuatro meses, referido a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2014 hasta este 4 de marzo. Se incluirá la titularidad, el número de matrícula, el valor y la fecha de adquisición de esos buques, aeronaves y vehículos de motor registrados en Gibraltar. El resto de la información se intercambiará semestralmente, el 31 de marzo y el 30 de septiembre.
El Tratado Fiscal incluye la eliminación de la doble imposición, es decir, pagar impuestos dos veces por un mismo hecho imponible.
Residencia de las personas físicas
El Acuerdo se remite a la norma interna de cada territorio para determinarla y, en caso de conflicto entre las partes, se establecen las reglas para su resolución, reglas que disuelven el desempate en favor de España. Así, la persona física será residente fiscal de España si se cumple alguna de
El acuerdo permitirá al Peñón salir de la lista negra española que tanto detesta
La relación se plasmará con órganos de enlace y un Comité Conjunto de Coordinación
las siguientes circunstancias dentro del año natural:
1) Permanezca mas de 183 noches dentro de un año natural en España, teniendo en cuenta las ausencias esporádicas tanto en España como en Gibraltar.
2) El cónyuge (no separado legalmente) o pareja y/o los ascendientes o descendientes dependientes son residentes en España.
3) La única vivienda permanente a su disposición está en España.
4) Dos tercios de los bienes y derechos netos poseídos directa o indirectamente están situados en España.
Además, el acuerdo impide a los nacionales españoles trasladar su residencia fiscal al Peñón. A los extranjeros residentes en España que pasen su residencia fiscal a Gibraltar se les aplicará una cuarentena: no perderán su carácter de residente fiscal en España durante el ejercicio fiscal en el que se produzca el cambio de residencia y los siguientes cuatro, salvo que permanezcan menos de un año fiscal completo en España o estén registrados como gibraltareños (generalmente los ciudadanos británicos que han tenido su residencia en la Roca durante más de 10 años) que permanezcan menos de cuatro años en España.
Residencia de las empresas y asociaciones
En relación con la residencia fiscal de las personas jurídicas constituidas en Gibraltar bajo ley gibraltareña se establece su residencia fiscal en España cuando las mismas tengan una relación significativa con el país, basada en el cumplimiento de alguno de los siguientes criterios:
1) Localización de la mayoría de sus activos directa o indirectamente en España.
2) Obtención de la mayor parte de sus ingresos en España durante el año natural,
3) Mayoría de sus directivos o personas físicas encargadas de la gestión residentes fiscales en España.
4) Mayor parte del capital, patrimonio, derechos de voto o beneficiarios bajo control directo o indirecto por personas físicas residentes en España o por personas jurídicas u otras entidades vinculadas con residentes fiscales en España.
Rescisión
Cualquiera de las partes podrá rescindir el acuerdo mediante notificación entregada con al menos seis meses de antelación sobre el final del año natural en el que se desee finalizar la aplicación.
Largo camino
La historia de este Tratado Fiscal, el primero de este tipo que España y Reino Unido rubrican desde el de Utrecht hace más de 300 años, siempre ha estado acompaña de la polémica, a uno y otro lado de la Verja. Desde su firma en marzo de 2019, los gobiernos español y gibraltareño han recibido virulentas críticas de sus adversarios políticos.
En España, el Partido Popular y Vox consideran que “blanquea a Gibraltar y reconoce por primera vez en 300 años la jurisdicción y competencia de las autoridades gibraltareñas”. En la Roca, el GSD (Gibraltar Social Democrats) se mostró muy crítico con una acuerdo que entiende que realice concesiones intolerables y contra el que votó en el Parlamento.
En la apertura del Tratado se lee que ni éste “ni ninguna acción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implica una modificación de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido con respecto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar”.
Fabián Picardo celebró el acuerdo este sábado como un éxito sin precedentes. “Se trata de un importante paso adelante en la cooperación fiscal con nuestros vecinos y confío en que se considere una prueba innegable del compromiso de Gibraltar con la transparencia, ampliamente reconocido a nivel internacional”, dijo. “Estamos preparados para iniciar la labor de intercambio de información que se contempla en el Tratado y esperamos establecer sólidas relaciones institucionales e interpersonales con las autoridades fiscales españolas pertinentes en este ámbito, como ya hemos hecho con las autoridades fiscales de todo el mundo”, concluyó.