Dentro de la gestoría de los falsos contratos
● Fraude de miles de euros en Algeciras
Los extranjeros pagaban 4.000 euros por conseguir un contrato de trabajo
Cuando María recibió la notificación de la Seguridad Social certificando que su empresa tenía una deuda de más de 60.000 euros con la Administración no daba crédito. Había acumulado esa cantidad por el impago de los seguros sociales de una docena de personas a las que nunca había contratado. Pero esas personas sí habían estado dadas de altas en su empresa, aunque ella no lo sabía. Era una de las víctimas de una trama que, según la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, gestionaba falsos contratos y altas fraudulentas para posibilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo a inmigrantes en situación irregular en España. Su supuesto cabecilla, un gestor muy conocido en Algeciras, está en prisión provisional después de que hace unos días se le detuviese tras registrar sus oficinas en el centro de la ciudad. En total ha habido doce detenidos por ahora en una operación que sigue abierta.
El caso de María (nombre ficticio) se ha repetido en un número de ocasiones aún por determinar, causando un importante daño a empresas y particulares. El trabajo llevado a cabo por los grupos de investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (Ucrif) de la Comisaría de Algeciras, en colaboración con el Servicio de Inspección de Trabajo y la Delegación de Lucha Contra el Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz y con el Servicio Público de Empleo Estatal, muestra un reguero de deudas con la Seguridad Social, clausuras forzadas de negocios e incluso particulares que han visto cómo se utilizaban sus datos para contratar a personas que habían pagado por conseguir un permiso de residencia. Al otro lado se ha detectado a al menos 40 personas que han regularizado su situación en España de esta forma, a las que se les imputa un delito de falsedad documental y, a parte de ellas, un delito de fraude en las prestaciones tras haber caído en la oferta de la red: 4.000 euros por regularizar su situación en el país.
La alerta que puso en marcha la operación Villa llegó en junio de 2020. Una mujer acudía a comisaría para denunciar que había pagado por conseguir un contrato de trabajo, pero no tenía empleo alguno. Denunciaba que había sido estafada. Los agentes de la Ucrif constataron que sí que había estado dado de alta, en un kebab de La Línea y en la empresa del principal investigado. Además, para regularizar su situación en el país le habían entregado un contrato de trabajo como empleada doméstica de una señora mayor. Esta señora se enteró de que había tenido contratada a una mujer para las tareas del hogar cuando la Policía la llamó para tomarle declaración como testigo; ella solo había encargado al gestor ahora en prisión que le tramitara la declaración de la renta.
A partir de ahí, la Policía fue tirando del hilo para descubrir el entramado del principal investigado. Este tenía un gran número de empresas a su nombre con una elevada deuda con la Seguridad Social y, además, contaba con autorización para realizar diferentes trámites y gestiones ante la Seguridad Social de otras muchas sociedades (la figura conocida como autorizado red). Y, gracias a esas autorizaciones, tramitaba falsos contratos de trabajo a personas en situación irregular.
REGULARIZACIÓN
La Ley de Extranjería prevé la autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales en su formato de arraigo social si el extranjero demuestra que lleva tres años residiendo en España, tiene vínculos familiares o sociales (que se certifican con un informe de la comunidad autónoma o el ayuntamiento en este caso) y presenta un contrato de trabajo de una duración mínima de un año, que estaría ligado a la obtención del permiso de residencia (o demuestra que cuenta con medios económicos sufi
cientes). Bajo este supuesto operaba la red desmantelada, compuesta por al menos tres personas, según la investigación policial: el gestor, un empresario que facilitaba algunas altas y una tercera persona, de origen marroquí, que hacía de traductor y establecía el contacto con los migrantes que querían regularizar su situación.
Para conseguirlo, explican los investigadores, este gestor preparaba contratos de trabajo ficticios y daba de alta a los extranjeros, bien en empresas colaboradoras, en sociedades de las que él era propietario o en otras que le habían encargado su gestión y que desconocían que estaban
contratando a estas personas. El contrato mínimo, de obligado cumplimiento, era de un año, un ejercicio en el que las empresas no pagaban los seguros sociales de sus empleados fantasma.
Los problemas para las sociedades ajenas a la trama llegaban pasados los meses. Así fue para un empresario marroquí que cuando fue a abrir su segundo negocio se encontró con un embargo de la Seguridad Social por una deuda de más de 40.000 euros: había tenido contratadas a más de 20 personas sin saberlo y, por ende, sin pagar los seguros. En el caso de otro establecimiento de La Línea, el propietario pidió al gestor que tramitase el cierre y baja del negocio, pero este lo mantuvo de alta ante la administración y contrató a una persona falsamente, generándole una deuda con la Administración.
También ha habido particulares afectados: un vecino de Los Barrios descubrió que habían dado de alta en su domicilio a un supuesto empleado doméstico que él no conocía.
Pero en los últimos tiempos los trámites se estaban dificultando para la red. La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo estaban realizando su propia investigación de la actividad del detenido, que se encontraba con problemas para poder gestionar las altas. Esto generó una situación nueva: estaba cobrando a algunos extranjeros a los que después no podía facilitarles un contrato y alta laboral.
Las investigaciones de la Policía y la Administración convergieron en el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras. El pasado 24 de febrero se produjo el registro del despacho del gestor en un operativo que llamó la atención al producirse a mediodía en pleno centro de Algeciras. En el interior del inmueble, su domicilio y su coche, cientos de carpetas de documentación esperaban a los agentes, que sospechan que la actividad presuntamente delictiva del detenido se había prolongado en el tiempo. No solo eso: los policías encontraron también 28.800 euros en efectivo y 6.500 gramos de polen de hachís, del que se sospecha que podría ser un pago en especie.
Ese mismo día se detenía al principal investigado, para el que el juzgado decretó prisión provisional. La lista de delitos que se le atribuyen a este implicado es larga: falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, grupo criminal, estafa, fraude en las prestaciones, usurpación de identidad, administración desleal y contra la salud pública.
Además de este y sus dos supuestos colaboradores, otras nueve personas han sido detenidas por falsedad documental al haber empleado documentación fraudulenta con el objetivo de lograr el permiso de residencia. Este delito se le imputa a más de 40 personas que habrían legalizado su residencia de esta forma. Aparte, a aproximadamente la mitad de ellas también se les imputa un delito de fraude a las prestaciones de la Seguridad Social porque cuando acabaron el año del contrato de trabajo solicitaron y estuvieron cobrando el paro: se calcula que ese fraude asciende a 100.000 euros.
La operación sigue no obstante abierta: todavía está por determinar el alcance total del daño causado por este sistema fraudulento de obtención de permisos de residencia.
Varias empresas se han encontrado con elevadas deudas con la Seguridad Social