UNA PRESUNCIÓN INDEROGABLE
DE las objeciones que unánimemente el CGPJ ha realizado al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (la conocida como ley del sí es sí), me parece fundamental la que se refiere a la carga de la prueba. Como el Consejo señala, todo proceso penal exige que se parta de la presunción de que el acusado es inocente y, por tanto, de que la versión de la acusación no es cierta. El proceso gira, entonces, en torno a la verificación de la verdad de dicha acusación. Es básico, pues, que el acusador pruebe el hecho delictivo y no a la inversa, puesto que, de no ser así, pondríamos al inculpado en la situación kafkiana de demostrar que no hizo lo que no hizo.
Uno comprende la frustración a la que pude llevar en supuestos concretos la aplicación de esta garantía esencial. Claro que habrá delitos, en el ámbito sexual y en cualquier otro, que, por falta de pruebas, queden impunes. Pero, si se fijan, conceder a la presunta víctima el poder de hacer prevalecer sus manifestaciones nos conduce a un terreno muy peligroso, en el que desaparece todo atisbo de seguridad jurídica y nadie está ya a salvo de condenas infundadas.
Hace algún tiempo que el feminismo radical viene cuestionando la aplicación del principio de presunción de inocencia. “Las mujeres –reclaman– deben ser creídas sí o sí”. Tal opinión, creo que pasional, supone entronizar el prejuicio social de culpabilidad. Nada impide, por otra parte, que esa misma exigencia se plantee por cuantos colectivos se consideren débiles, convirtiendo así el sistema penal en una especie de lotería en la que la suerte del inculpado queda exclusivamente en manos de la privilegiada condición de su denunciante.
Frente a ello, considero todavía irrebatibles las palabras de Ulpiano: no se puede condenar por sospechas, sino por certezas y éstas nunca pueden nacer de la exclusiva narración de los hechos que haga una de las partes. No entender esto es desconocer la esencia misma del Derecho, abrir la puerta a errores indeseables y dinamitar, al cabo, la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
No, ése no es el camino. El Código Penal jamás fue un instrumento eficaz para reconducir tendencias. Destrozar sus pilares estructurales –la presunción de inocencia lo es– otorgará acaso una momentánea y falsa sensación de protección. Pero, desengáñense, no será en lo patíbulos, sino en las escuelas, donde tendrá que ganarse la batalla por la igualdad.