Entre el mando único y el pulso de reinos de taifas

El presidente del Gobierno anunció el 25 de octubre la declaración de un nuevo estado de alarma, una situación de excepción forzada que se decretaba por segunda vez tras el 14 de marzo para frenar la progresión del coronavirus. un Consejo de Ministros extraordinario lo aprobó después de que así se lo solicitasen once ejecutivos autonómicos para contener la segunda oleada de la pandemia, la que se desató tras el verano. El estado de alarma da cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad. A diferencia del estado de alarma decretado en marzo, que decayó cuatro meses después, el otoñal delegaba gran parte del peso en los diferentes Gobiernos regionales (que habían mostrado, sobre todo los del PP, su rechazo al mando único) e incluyó la medida del toque de queda, que ya se aplicaba en otros países como Francia. Otra de las diferencias con el de marzo es que duraba en el tiempo y el presidente del Gobierno no estaba obligado a solicitar regularmente el respaldo del Congreso para prorrogarlo. Los enfrentamientos más sonados con Moncloa a propósito del mando único los ha protagonizado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que nunca ha querido plegarse a las recomendaciones de Pedro Sánchez. El último eslabón de la cadena de desencuentros ha llegado con su rechazo al cierre perimetral de la comunidad en Semana Santa, que ha acatado a regañadientes la dirigente popular en su juego de equilibrios entre la salud y la economía.