Operación Mena: documentación falsa desde un despacho de abogados
La Policía detiene a sierte personas, entre ellas dos abogados y un supuesto empresario
La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (Ucrif) de la Comisaría de Algeciras ha desarrollado recientemente otra operación contra el favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación llevó a los agentes en este caso hasta un despacho de abogados en un municipio malagueño que sería el encargado de realizar los trámites necesarios para la obtención del permiso de residencia a cambio del pago de entre 2.000 y 4.500 euros.
Un ciudadano extranjero que estaba tratando de regularizar su situación fue el que encendió la luz de alerta en este caso. Para realizar los trámites estaba utilizando un contrato de trabajo falso y otra documentación con el objetivo de demostrar el arraigo en España. Esta persona fue detenida por un delito de falsedad en documento. A partir de ahí se empezó a investigar el origen de esos papeles.
Estos los llevaron hasta dos abogados del despacho malagueño, que estarían ofertando a personas en situación administrativa irregular la tramitación de toda la documentación necesaria para regularizar su estancia en el España. Para ello contaban con la ayuda de una persona de La Línea, titular de una empresa que sería la encargada de facilitar los contratos de trabajo, una sociedad sin actividad alguna que ni siquiera tenía una sede, sino que estaba ubicada en un domicilio. Todos fueron detenidos, como también una gestora de la empresa y tres marroquíes que habían utilizado la documentación falsa. Algunos de los implicados ya habían sido detenidos en la provincia de Málaga por hechos similares.
Según explican desde la Ucrif, los implicados tenían dividido el trabajo. Uno se encargaba del contacto con la empresa, otro con los migrantes. Estos últimos eran personas con muy escasos recursos económicos, que vendieron sus escasos bienes o tuvieron que pedir el dinero prestado para poder acceder al trámite de la documentación. En algunos casos, señalan los investigadores, estas personas también son víctimas: pagan por la documentación y piensan que el trámite es legal. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.