Los Franco alegan al TS la ocupación “pacífica” de Meirás

Los herederos de Francisco Franco han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia dictada el pasado 12 de febrero por la Audiencia Provincial de La Coruña, que confirmó la titularidad pública del Pazo de Meirás, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a la familia del dictador por los gastos contraídos desde 1975.

Los descendientes de Franco alegan que el fallo les reconoce la ocupación del inmueble “pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños” y de manera “exclusiva” durante más de 30 años, desde la muerte del dictador en 1975.

De esto se sirven para justificar que el pazo es suyo por usucapión extraordinaria y denuncian que el fallo que reafirma el carácter de las Torres de Meirás como bien público contraviene el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la propia jurisprudencia del TS.

Ponen el foco en que la Audiencia Provincial admite en su sentencia una posesión de “buena fe” del pazo, lo que le llevó a reconocerles el derecho a ser indemnizados por su conservación y mantenimiento por “más de cuatro décadas”.

Llaman la atención sobre el hecho de que el Estado reconociese al dictador “la condición de propietario”. Es más, insisten en que, tras 1975, hubo una “inequívoca voluntad” por parte de la Administración de “separar” el pazo “de toda posible adscripción a lo público” y de “desentenderse” de su uso y gestión. Consideran que la sentencia acredita que Franco “asumió a título personal una serie de cargas y facultades que de ordinario se atribuyen al propietario” y que “no fueron asumidos” por la Administración.