La crisis más dura en generaciones
● La provincia de Cádiz afronta una depresión de la actividad inédita en tiempos de paz cuyos efectos dependerán de la duración de la pandemia
LA pandemia de Covid-19 ha supuesto para Cádiz el mayor desplome económico de los últimos setenta años. Las series históricas que se inician tras la Guerra Civil no recogen una caída tan abrupta del Producto Interior Bruto como la registrada en el año 2020. Analistas Económicos de Andalucía, el servicio de estudios de Unicaja, calcula que la economía gaditana retrocedió el año pasado entre un 11% y un 12%, el peor dato de toda Andalucía junto a Málaga. El descenso es mucho más brusco que el registrado en el peor momento de la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando el PIB llegó a caer en 2013 casi un 6% en términos interanuales, superando en cuatro puntos porcentuales la retracción de la economía andaluza de aquel año. Aquel fue el quinto ejercicio consecutivo en el que el PIB provincial cerró en negativo. En el caso de la actual crisis, el frenazo sorprende a Cádiz cuando había cerrado un 2019 bastante positivo, con un crecimiento económico del 2,1%. Además, las previsiones apuntan a que la recesión, aún siendo más profunda, no será tan prolongada. Este mismo año habría un rebote de entre el 4,4% y el 7,2%, según Analistas Económicos de Andalucía, que condiciona este repunte al desarrollo de la pandemia y a la efectividad de las vacunas.
La duda es si la reactivación tendrá la suficiente fortaleza como para que las heridas de Cádiz cicatricen. Las restricciones a la movilidad han afectado especialmente al sector turístico, uno de los principales motores de la provincia. Además, la crisis ha puesto de manifiesto la debilidad del tejido productivo. El número de empresas de alta en la Seguridad Social al cierre del año pasado disminuyó un 3,1% en comparación con el último trimestre de 2019, cayendo hasta las 30.342, la cifra más baja desde el primer trimestre de 2017.
Esto se debe fundamentalmente al sector servicios, que supone casi ocho de cada diez empresas de la provincia. Y la caída es especialmente significativa en la actividad de la hostelería, donde han desaparecido más de 400 empresas, el 8% del total, especialmente en los segmentos de entre 6 y 49 trabajadores, donde el descenso supera el 23%. Estos datos también se traducen en el empleo. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han amortiguado la escalada del paro, aunque esta herramienta ha protegido fundamentalmente a los trabajadores indefinidos. El empleo eventual ha sufrido mucho más, y eso se agrava en una provincia como Cádiz donde hay un fuerte componente estacional del mercado de trabajo vinculado a la temporada turística. El paro registrado ascendió en febrero a 189.247, la cifra más alta desde marzo de 2015 según el Ministerio de Trabajo. En comparación con febrero del año pasado, el número de parados ha aumentado en un 25,5%.
“No soy muy partidario de asociar el tamaño de las empresas a su fragilidad, al menos como norma absoluta. Hay pymes que sobreviven a situaciones muy tensas y grandes empresas muy susceptibles de sufrir ante los cambios de demanda o mercado. Ahora bien, las estadísticas sí reflejan que la debilidad de nuestro tejido productivo está, en parte, ligado a la dimensión en facturación y empleo. No es algo exclusivo de la provincia de Cádiz, es una característica estructural del modelo productivo de España: un excesivo peso de las pymes y microempresas, que tienen menos capacidad de soportar los meses de turbulencias ya vividos y los que aguardan”, señala Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC).
Para Manuel Acosta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cádiz, la dependencia del sector turístico explica que Cádiz sea una de las provincias andaluzas más afectadas por la crisis. “Si atendemos a la proporción de afiliados a la seguridad social en alta laboral en el sector de hostelería frente al total de afiliados, en Cádiz el 9,2% de la población depende de bares, restaurantes y alojamientos, frente al 10,7% de Málaga, el 6,6% de Sevilla o el 5,1% de Córdoba”, apunta.
“A esta dependencia del turismo, en Andalucía y Cádiz le añadimos el problema de la economía sumergida, fruto de un tejido empresarial escaso y de una precariedad laboral endémica. Las actividades no declaradas, además de generar problemas de competencia desleal o restar ingresos al erario público, son en muchos casos
La hostelería es el sector más golpeado con la pérdida de 400 empresas en un año
una fuente de ingresos casi única para numerosas familias. La crisis ha hecho que estos ingresos se pierdan, con la consiguiente degradación económica”, agrega el catedrático de la UCA.
Ángel Juan Pascual, presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, resalta que “la situación es compleja porque la industria aeronáutica se enfrenta a una crisis desconocida por la parálisis del sector turístico, que a su vez es vital para la supervivencia de la hostelería y el comercio”. “La crisis trae además un ajuste de la oferta y la demanda que obliga a trabajar en el desarrollo de nuevos sectores productivos. En este sentido, hacer de la necesidad virtud convierte esta situación en una oportunidad de modernizar y reindustrializar Cádiz”, sostiene.
El decano del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca, incide en el tamaño de las empresas. “La crisis afecta a todas las empresas, pero la sufren más las nuevas y pequeñas, por ello, la atomización del tejido productivo de nuestra provincia agrava el impacto de la crisis, además un porcentaje elevado de las empresas gaditanas están vinculadas a sectores sensibles como el comercio, el turismo o la hostelería”, afirma.
Las ayudas directas y el mantenimiento de los instrumentos de liquidez como los Créditos ICO son fundamentales. “Liquidez para la tesorería que les dé algo de oxígeno, hasta que se recupere la demanda a unos nieles mínimos. Debe ir acompañada de una simplificación de o los procedimientos administrativos para acceder a ayudas y procesos de ERTE, dotándoles de agilidad. Y lo que creo más importante, medidas que bajen la presión fiscal y reactiven la economía”, apunta Ángel Juan Pascual.
“Todo lo que favorezca la continuidad, en especial la liquidez y la financiación, así como crear un espacio de moratoria de obligaciones fiscales y tributarias, ayudará a mantener las empresas, junto a la parte de los ERTE, obviamente”, incide Javier Sánchez Rojas.
Manuel Acosta pone el acento en la necesidad de “certidumbre”. “Si la apertura de los negocios puede estar condicionada por la evolución de la pandemia, hay que establecer un procedimiento para que no se vean obligadas a cerrar y los trabajadores no tengan que recurrir al desempleo hasta que se pueda volver a abrir. Ese es el papel, entre otros, de los ERTE o de las ayudas a los autónomos”, resalta el catedrático de la UCA. “Puestos a dar certidumbre, y ya que las empresas tienen abierto el recurso a los ERTE hasta el 31 de mayo, no estaría de más que estas medidas se prorrogasen hasta finales de año, y cuanto antes lo sepan las empresas y los empresarios, mejor”, matiza.
El decano de los economistas gaditanos apunta que “ante el previsible incremento de los concursos de acreedores”, es preciso reforzar los juzgados de lo mercantil para que “sean el instrumento para salvar empresas viables que atraviesan por problemas transitorios de financiación”.
Las administraciones también tienen mucho que decir, según el presidente de la CEC. “En el caso concreto de Cádiz hay que sumar otro factor fundamental para recuperar la estabilidad: el consenso institucional y la cohesión y unidad de acción territorial”, señala Javier Sánchez Rojas.