“Necesitamos lealtad institucional para desarrollar las renovables”
–A finales de 2020 anunció una importante inversión para Andalucía en los próximos años. ¿Cuáles serán sus líneas principales?
–La inversión para Andalucía a 2025 ronda los 500 millones de euros. En principio, en la planificación global lo fundamental va a ser que el sistema pueda garantizar lo recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Eso pasa por reforzar las redes que existen: digitalización, mantenimiento, mallado, inteligencia, hacerlas más flexibles. Y fortalecer también los proyectos de almacenamiento para poder integrar mejor las renovables. En el caso de Andalucía, hay que reforzar algunos de los ejes principales para dar mejor servicio a algunas zonas. Una es la línea Caparacena-Baza-La Ribina, también la conexión GranadaÓrgiva. En la zona de Cádiz también hay varias actuaciones en la zona del Puerto de Santa María, Vejer. Y luego un esfuerzo importante en líneas ferroviarias: Sevilla-Huelva, Algeciras-Bobadilla, Sevilla-Almería y Murcia-Almería. Además está la conexión con Ceuta. Es una inversión potente que se suma a la que se va a hacer en mantenimiento para asegurarnos de que pueden integrarse las renovables.
–El eje Caparacena-Baza-La Ribina ha tenido una importante demanda social. ¿En qué plazo podrá estar en funcionamiento?
–El tramo Caparacena-Baza está ejecutado a un 60% y ya se está trabajando en la subestación de Baza. La previsión es 2025. La línea Baza-La Ribina va más lenta. Esa línea ha tenido también mucha contestación social, ha tenido algunas modificaciones, pero la han pedido las autoridades de la zona. Estamos redoblando los esfuerzos de explicación, es una línea crítica para el eje. Es muy importante.
–Gestionar el boom renovable será uno de los retos de los próximos años. ¿La red estará lista a tiempo para acoger todas las plantas que se están tramitando?
–Las peticiones que hay hasta 2030 son ya muchas más de las que prevé el PNIEC. Para ordenarlas y que puedan irse integrando de forma eficiente se acaban de aprobar el Real decreto de acceso y conexión en diciembre y una circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en enero que ordenan de qué manera pueden ir accediendo a la red estos parques. Esto va a permitir que se ponga un poco de sentido común en ese boom, en el que hay un interés de inversión muy potente pero también de desarrollo de zonas locales. En este caso, estas plantas tienen una tramitación administrativa más ágil, mientras que la nuestra es mucho más compleja. Vamos a estar preparados, pero también es verdad que para eso necesitamos contar con la lealtad institucional y colaboración de todas las administraciones que tienen algo que decir. En Andalucía hay un potencial enorme de energías renovables, es la segunda tras Castilla León, y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nos mandan hacer, pero las administraciones locales y autonómicas tienen que tener lealtad institucional suficiente para que los temas locales no sean un impedimento.
–Hace unos días pedía precisamente en el Senado que no se usaran las infraestructuras eléctricas como armas arrojadizas. ¿Hay muchos proyectos bloqueados por este tipo de problemas?
–Las infraestructuras eléctricas son muy complejas desde el punto de vista administrativo y medioambiental. Afectan a muchas administraciones y ciudadanos. Hay una parte que es la contestación ciudadana que entiendo perfectamente, porque si la gente protesta es porque no tiene suficiente información o porque la que se le ha dado no satisface sus intereses. A las personas que tienen esas objeciones hay que explicarles las cosas, en qué les afectan y cómo se pueden mejorar. En el caso de las administraciones podemos ofrecer la colaboración de nuestros equipos técnicos. A partir de ahí, las infraestructuras aprobadas por el Congreso son de interés general, están al servicio de los ciudadanos, industria o servicios públicos. Si una administración usa una infraestructura eléctrica para oponerse a otra administración los que van a perder son los ciudadanos que están esperándola.
–También hay margen de mejora en la agilidad administrativa.
–La administración central ya aprobó el 30 de diciembre un decreto ley de agilización de los plazos para las infraestructuras esenciales y necesarias para la transición energética, pero evidentemente hay que bajar a la autonómica y local. Me consta que hay administraciones que están revisando sus procedimientos para intentar acabar con los cuellos de botella que pueda haber, pero siempre desde un máxima inquebrantable: pleno respeto a la legislación medioambiental. Nosotros también estamos haciendo una revisión en nuestra casa para ver de qué manera podemos ayudar a las administraciones para ser más ágiles en nuestros trámites y más eficientes. Que cuando tengamos que ir a hacer una solicitud de tramitación en un Ayuntamiento las personas afectadas ya nos conozcan y no haya esa especie de susto que genere una contestación social.
–Esa contestación social será cada vez mayor con el proceso de electrificación que viene.
–Esa es una de las misiones que se me encomendó cuando llegué a REE, trasladar mejor el servicio público que prestamos y de qué somos responsables. La contestación social ha llegado para quedarse y va a ser cada vez mayor, porque cada vez hay más conciencia medioambiental, porque se está volviendo a las zonas rurales y porque la digitalización y las redes sociales hacen que las personas puedan manifestar su descontento más fácilmente. Nuestra función es explicar los proyectos y tratar de escuchar a la gente, porque seguramente nos pueden dar ideas de cómo mejorarlos. Y que el impacto final sea positivo.
–¿En qué fecha prevé que la planificación 2021-2026 esté aprobada?
–El Ministerio calcula que puede estar acabada antes de que acabe el año. Nosotros desde luego vamos a ayudar todo lo posible.
–Desde distintos sectores se reclama una mayor inversión. ¿Hay alguna infraestructura que ha quedado fuera que desde el punto de vista de REE debería haber entrado?
La inversión en la red de transporte para Andalucía rondará los 500 millones de euros hasta 2025”
Los fondos europeos suponen que se puedan incorporar nuevos proyectos, algo que se está valorando”
–La planificación tiene una limitación, el máximo de inversión anual en la red de transporte es el 0,075% del PIB, pero es verdad que ahora se da una nueva coyuntura, con un plan nacional de recuperación y fondos europeos que van a venir y que en una tercera parte se dedicarán a transición energética y otro tercio a transformación digital. Esto supone que se pueden incorporar instalaciones o proyectos que no estaban en la planificación. Nosotros hemos puesto sobre la mesa algunos y las empresas otros. El Ministerio está valorando de qué manera determinadas actuaciones del ámbito eléctrico pueden encajar en las líneas de desarrollo de la UE, algo que permitiría que la inversión final fuera superior. Pero nosotros en nuestro plan estratégico no hemos incorporado los fondos europeos, solo lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas.