LAS DUDAS SOBRE EL NUEVO RESCATE DE ABENGOA

LOS actuales administradores de Abengoa, que permanecen en el cargo porque se suspendió cautelarmente la junta general extraordinaria prevista para el 3 y 4 de este mes que les habría destituido, han planteado una nueva operación de rescate, similar a la que se presentó en agosto y fracasó, pero con mayor compromiso de ayudas públicas. Después de solicitar concurso voluntario, pese a que existía la protección del Gobierno para evitarlo, precisamente para lograr la suspensión judicial de su seguro cese, el consejo de Abengoa, formado únicamente por Juan Pablo López-Bravo en España y Margarida de la Riva Smith desde Brasil, formalizó una petición de ayuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para salvar sólo a la filial operativa, Abenewco 1. La propuesta se basa en una oferta no vinculante de Terramar

Capital, una empresa californiana especializada en la liquidación de compañías en dificultades. Dicha oferta genera serias dudas y no parece ser la solución inclusiva que necesita Abengoa. En concreto, Terramar ofrece prestar 150 millones de euros a Abenewco 1 –en dos tramos, uno inicial de 35 millones y un segundo de 115– a un interés muy alto, que rondaría el 12%. También ofrece aportar 50 millones al capital de la filial operativa, a cambio de hacerse con el 70% del grupo, que se separaría de la matriz histórica, lo que supondría su disolución, con lo que el Estado, segundo accionista tras los minoritarios sindicados, perdería su inversión, superior a 400 millones. Esa oferta resulta aún menos aceptable porque se condiciona, primero, a que el ICO preste 50 millones y avale 126 de los 180 que prestaría la banca –como se planteó en agosto– y el Cesce aporte 300 millones en avales, y, segundo, a que posteriormente la SEPI aporte 249 millones de euros para pagar la financiación ICO anteriormente descrita. El Estado no sólo perdería lo ya invertido, sino que pondría cinco veces más dinero que Terramar para que ésta se quede el valor que aún atesora Abengoa –incluyendo patentes o tecnología como la que usará el submarino S80– y, a la vista de su trayectoria, con escasas garantías de mantener el grupo unido, el grueso de su empleo y la sede en Andalucía. El Gobierno de España no puede validar ese plan.

La operación propuesta haría perder al Estado lo ya invertido y tendría que poner cinco veces más para que el valor del grupo vaya a una empresa como Terramar