El Padre Pepe: “Los ancianos morían, pero su deuda no”
José Herrera ha declarado en la Audiencia de Cádiz que sacaba dinero de las cuentas bancarias de los residentes, después incluso de que fallecieran, para cobrar pagos que tenían pendientes
José Herrera, más conocido como Padre Pepe, negó en el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Cádiz que estafase entre 2004 y 2009 más de 285.000 euros a 40 ancianos de la residencia El Santísimo de Medina, un centro que gestionaba como presidente de la Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz. Herrera, que es diácono pero no sacerdote, declaró ante el tribunal de la Sección Primera que accedía con autorización a las cuentas bancarias de los usuarios para cobrar deudas que estos tenían pendientes con la residencia, después incluso de que fallecieran. “Morían los ancianos, pero su deuda no”.
A preguntas de la Fiscalía, que solicita para el religioso la pena de seis años de prisión, el Padre Pepe dijo que en El Santísimo ingresaban personas especialmente vulnerables. “Muchos venían del psiquiátrico de El Puerto; otros, en una situación de urgencia social, sin pensiones... Nos los derivaban las administraciones. Nadie quería saber nada de ellos, ni siquiera sus familiares, y los acogíamos”.
Estos usuarios, explicó el acusado, firmaban un contrato cuando entraban en la residencia por el que se comprometían a pagar los cargos que generaba su estancia con efecto retroactivo una vez que obtuviesen remanente (por ejemplo, cuando les concediesen la incapacidad o lograsen una plaza concertada). De ahí que el Padre Pepe sacase dinero de las cuentas bancarias de los residentes para realizar los cobros que, según alegó, le adeudaban incluso después de muertos. “No le hemos quitado nada a nadie”.
Asimismo, el procesado reconoció ante el tribunal que, efectivamente, aparecía como persona autorizada en las cuentas corrientes de los ancianos. “Los abuelos venían sin tutor, sin familia. Yo figuraba en sus cartillas porque sus familiares y allegados se habían desentendido de ellos”, afirmó. “Yo era el defensor judicial de estas personas, su guardador de hecho”, apostilló.
Cuestionado por las claves de internet que permitían hacer movimientos a través de la banca on line, el Padre Pepe negó que él manejase ese tipo de operaciones electrónicas. “Las claves estaban a disposición del contable de la residencia, Manuel Maeztu”, el segundo acusado en este procedimiento. No obstante, José Herrera admitió que él ordenaba a Maeztu la liquidación de las deudas de los ancianos.
En cuanto las plazas concertadas con la Junta de Andalucía, José Herrera especificó en la vista oral que en El Santísimo solo había 82 “frente a un total de 220 camas, a las que había que sumar otras 90 de un centro de Conil. Es decir, estamos hablando de unos 300 usuarios y ¿solo se nos acusa de estafar a 40? No lo entiendo”.
Interrogado sobre por qué a los residentes que tenían subvencionado el 75% de su plaza se les cobraba el 100%, el Padre Pepe aseveró que ese 25% restante se empleaba en “gastos extraordinarios” como peluquería, podología, acompañamiento médico, seguros de decesos y pagas semanales, entre otros gastos.
“Había que mantener a aquello a sudor”, indicó el Padre Pepe al tribunal. “Suscribíamos convenios con la Junta pero jamás recibíamos una subvención. De hecho, reclamamos ayudas tanto a la Administración como al Defensor del Pueblo, porque allí trabajaban 120 empleados. Y esto unido a que en la residencia había usuarios con pensiones muy bajas, directamente sin pensión o sin plaza concertada”.
Por último, José Herrera declaró que la residencia El Santísimo de Medina se levantó en una finca que heredó y que él mismo cedió de forma voluntaria. Además, añadió que actualmente tiene órdenes de embargo así como una deuda de más de un millón de euros por avalar los préstamos de la Asociación Obreros de la Cruz, de cual, aseguró, sigue siendo presidente.
De otra parte, Manuel Maeztu, el segundo encausado en este procedimiento, testificó en el juicio que desempeñó el puesto de contable en El Santísimo desde 2002 hasta 2009 y que sus funciones se limitaban al pago de proveedores, nóminas, gastos de mantenimiento y la tramitación de convenios con las administraciones.
Al igual que José Herrera, Maeztu expuso que el centro asidonense liquidaba, mes a mes, deudas atrasadas de los residentes, si bien puntualizó que no recordaba que este procedimiento se llevase a cabo con usuarios fallecidos. Dijo también que desconocía si la asociación religiosa hacía alguna gestión para saber si los ancianos que habían muerto tenían algún heredero.
Maeztu, para el que la Fiscalía
“Nadie quería saber nada de estos abuelos, ni siquiera sus familias, por eso los acogíamos”
también pide seis años de prisión, argumentó ante el tribunal que él tenía acceso a las cuentas y a las claves bancarias de Obreros de la Cruz, pero no de los ancianos. “Yo no era consciente de que el Padre Pepe sacaba dinero de las cuentas corrientes de los abuelos. Me di cuenta al final, cuando se interpuso la primera denuncia”.
Está previsto que el juicio por la supuesta estafa a los residentes de El Santísimo continúe mañana en la Audiencia Provincial de Cádiz y concluya el próximo miércoles. A varios de los afectados ya se les ha tomado declaración en una prueba preconstituida y no tendrán que prestar testimonio en sala.