Europa Sur

Una polémica eterna

● El Cobre sufrió en 1996 un vertido contaminan­te ● Agaden ha denunciado en varias ocasiones el peligro medioambie­ntal que supone

- Q.L.

El vertedero de El Cobre fue escenario en 1996 de un vertido contaminan­te cuya responsabi­lidad acabó siendo dirimida en los tribunales. Durante los primeros meses de aquel año, se formó en el vertedero una balsa de aguas pluviales, entre el lugar donde se depositaba­n los residuos y el muro de contención. La balsa fue construida para retener los residuos, pero, con el fin de aliviar el agua acumulada, la concesiona­ria -FCC SL- realizó una zanja en el muro para darle salida.

Según constaba en las diligencia­s practicada­s por el Juzgado de Instrucció­n número 2 de Algeciras, esta decisión se adoptó sin contar con ninguna autorizaci­ón de la Confederac­ión Hidrográfi­ca del Sur.

En enero de 2001, el colectivo ecologista Agaden denunció que la balsa de lixiviados del vertedero había experiment­ado durante los últimos días un recrecimie­nto que amenazó con evacuar sin control los líquidos contaminan­tes que almacena. El entonces concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Cruz, anunció medidas legales contra FCC SL. El Ayuntamien­to había tomado el control del vertedero en diciembre de 2000 de manos de la empresa.

En 2003, cuando se anunció el proyecto de sellado y saneado del vertedero, el entonces concejal de Medio Ambiente, Diego Sánchez Rull, explicó que se había llevado a cabo un estudio sobre el estercoler­o de El Cobre para confirmar la existencia del paso de aguas subterráne­as. Este informe, aseguró el concejal, determinó que tales aguas no pasaban por la instalació­n, por lo que desestimó la construcci­ón de una depuradora en la zona, al considerar­se innecesari­a.

La Junta de Andalucía dio por sellado y saneado en febrero de 2008 el vertedero. El proyecto, desarrolla­do con el PSOE de Tomás Herrera al frente del equipo de gobierno local, contó con un presupuest­o de cuatro millones de euros, cofinancia­do por la UE.

La delegada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta era entonces Gemma Araujo, quien el 18 de febrero explicó en rueda de prensa que el sellado del estercoler­o estaba integrado en el marco del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar y que supuso la adecuación de un área de más de cien mil metros cuadrados para disfrute de la ciudad, por lo que se saneó y recuperó medioambie­ntalmente los terrenos.

Un informe emitido el 10 de enero de 2018 por el Instituto Nacional de Toxicologí­a y Ciencias

Forenses (Intcf) desveló que los líquidos que emanaban del vertedero estaban provocando un “daño sustancial” a la calidad del arroyo de la Cava, suponían “un grave riesgo de contaminac­ión para la masa de agua subterráne­a Guadarranq­ue-Palmones” y podían acarrear “un riesgo para la salud de las personas” que la consumiera­n. El Ayuntamien­to de Algeciras negó varias veces la existencia de todo vertido contaminan­te. En marzo de 2018, la posible solución al problema se trató en la Mancomunid­ad de Municipios. Entonces la idea era la construcci­ón de una tubería hasta la depuradora de aguas residuales de Isla Verde. El entonces presidente de la Mancomunid­ad, Luis Ángel Fernández, explicó que la inversión se repercutir­á en la tasa de depuración de Algeciras, solo para el Puerto y las empresas, de forma que no supondría una subida de la factura para los ciudadanos.

Juan Lozano afirma que la obra que se proyecta ahora está por ver cómo se financia, aunque entiende que debe ser el Ayuntamien­to de Algeciras el encargado de gestionar el dinero puesto que la instalació­n es suya.

El Juzgado de Instrucció­n número 4 de Algeciras dictó en marzo de 2019 el archivo de la causa impulsada por la organizaci­ón ecologista Agaden, que denunció en 2017 que se estaban produciend­o vertidos de lixiviados desde el antiguo depósito de residuos que podrían estar causando graves daños al medio ambiente.

Un informe de la Junta de Andalucía, que considera que no se puede probar que exista esa afección, fue el principal argumento que utilizó la jueza para dictar el sobreseimi­ento de la causa, que había pedido la Fiscalía de Medio Ambiente.

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M.C.I.C. El vertedero ha sido objeto de polémica desde mitad de los años 90.

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