La litigiosidad bajó un 13% en Andalucía en 2020
La actividad judicial estuvo muy marcada por la crisis sanitaria del coronavirus
Los órganos judiciales ingresaron el pasado año 1.078.773 asuntos –un 13 por ciento menos que el año anterior– en Andalucía, comunidad que se ha mantenido un año más con la segunda tasa de litigiosidad más alta de España al presende tar 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA), Lorenzo del Río, presentó ayer la memoria anual de la actividad de juzgados y tribunales de su ámbito, que resolvieron 1.035.821 asuntos, cifra que supone un descenso del 14 por ciento respecto a 2019 en un año marcado por la crisis sanitaria del coronavirus y el primer estado de alarma.
Según Del Río, los datos de esta memoria de 2020 están marcados por el coronavirus y, de manera especial, por los tres meses en los que solo se resolvieron causas urgentes o con presos.
Advirtió además del aumento de causas pendientes y del riesgo de un posible “aluvión” de otras que se formalicen en los próximos meses, especialmente en las jurisdicciones Social y Contencioso.
Junto al descenso de la litigiosidad, la memoria correspondiente a 2020 recoge una caída significativa –del 14 % –, del número de asuntos resueltos por los tribunales, que fueron 1.035.821, mientras que los 650.587 asuntos que quedaron en trámite suponen un incremento del 8 %.
Andalucía vuelve a liderar junto a Canarias la litigiosidad nacional con una tasa un 10 % superior a la media estatal, cifras que se dan pese a la caída de asuntos ingresados y resueltos en todas las jurisdicciones.
Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2020 ref lejan, pese a todas las circunstancias, que los órganos judiciales intentan resolver casi la totalidad de los asuntos ingresados anualmente y mantienen un alto nivel de resolución.
Los efectos más visibles de la pandemia y el consiguiente atasco se concentró en la primera instancia, debido a los cambios de señalamientos continuos o al reajuste de la agenda judicial, mientras que no se percibió merma en los órganos colegiados y el dictado de resoluciones en segunda instancia.