Vacunar la economía
no se debe al aumento del empleo sino a que un número importante de los que ya estaban parados ha decidido abandonar la búsqueda de trabajo, bien por desánimo, bien por la pandemia. Estos últimos son, según el INE, inactivos disponibles, que se han incrementado en 162.500 durante el pasado trimestre y ya superan el millón.
La desagregación del crecimiento por comunidades autónomas se conocerá en unos días y esperamos que los resultados para Andalucía vuelvan a ser muy parecidos a los de España, como ocurre con los datos del mercado de trabajo. También aquí la caída de los activos (50.100) ha sido bastante mayor que la del empleo (-30.800) y esto explica el descenso del paro en 19.300. Si tomamos referencias anuales, es decir, comparamos con el mismo trimestre del año anterior, los resultados son algo diferentes. La destrucción de empleo (54.900 en Andalucía y 474.500 en España) ha sido bastante más acusada que la de activos, dando como resultado un aumento los parados en 51.300 (6,13%) y 341.000 (10,3%), respectivamente.
La situación, por tanto, sigue siendo grave e incluso peor de lo esperado, porque el inicio de la ansiada recuperación en 2021 ya está retrasado, aunque este tipo de valoraciones en circunstancias tan extrañas pierden bastante relevancia. El PIB del segundo trimestre de 2020 experimentó una caída del 17,8% (-17,1% en Andalucía), mientras que en el siguiente el crecimiento fue del 17% (14,7 en Andalucía) y prácticamente nulo en el cuarto (0,4 en Andalucía). Un comportamiento tan volátil convierte en irrelevantes a las referencias para el análisis de los cambios, pero permite afirmar que la economía andaluza está siendo un fiel reflejo de la española durante esta crisis y que los fundamentos del optimismo de algunos dirigentes políticos respecto de la inminencia del final de los padecimientos son inexistentes o hay que tener buen olfato para percibirlos.
Reconozcamos que la valoración de los datos del pasado trimestre han de soportar el peso de la comparación con la segunda mitad de 2020, que fue bastante mejor de lo que se esperaba, tras el inicio de la pandemia. También que enero y febrero han sido particularmente adversos por las restricciones de la tercera ola, pero que la mejora ha sido perceptible en marzo y se espera que, gracias a la vacunación, se mantenga durante los próximos meses, aunque quizá insuficiente para alcanzar el 6,5% de crecimiento anual pretendido por el gobierno. No podemos ignorar, sin embargo, que, aunque la economía consiga salir de la UCI en los próximos meses, las secuelas serán todavía importantes durante algún tiempo.
La primera y quizá más perfilada en estos momentos es la carga del déficit y el endeudamiento, que podría llegar a suponer, en función de la evolución de los mercados financieros y los tipos de interés, un coste financiero superior a los 40.000 millones de euros anuales durante algún tiempo. El problema es que hay que buscar soluciones urgentes y no es oportuno reducir el gasto social ni los estímulos a la economía, pero tampoco subir impuestos.
Una segunda secuela será el contexto económico global y el europeo en particular. El compromiso europeo con los más perjudicados por la pandemia parece firme por el momento, ante la convicción de que no se habrá superado la crisis mientras haya rezagados, pero las tensiones son tan evidentes como probables los futuros intentos de boicot.
Tampoco del plan de recuperación que se acaba de enviar a Bruselas se esperan recetas milagrosas para la recuperación. No tanto por el llamativo vacío de concreción y la desconfianza en el modelo de gestión diseñado por el gobierno, como por las líneas estratégicas que contiene, que indican que el grueso de sus efectos se percibirá a medio y largo plazo. Esto, que sin duda es positivo para un plan económico con vocación transformadora, tiene como inconveniente que su contribución a la recuperación se diluirá en el tiempo y prolongará las secuelas económicas de la pandemia.
Planea igualmente la incógnita de la respuesta de la economía a la retirada de los paliativos y en particular de los ERTE. En Andalucía había 98.000 a finales de marzo y 780.000 en toda España, de los cuales el 33% correspondían a la hostelería y el 15% a hoteles y otros alojamientos.
Estos datos introducen incertidumbre sobre la esperada contribución del turismo a la recuperación y llevan a pensar que Andalucía podría verse especialmente afectada. La realidad es que hasta ahora no le ha ido peor que al resto y que el comportamiento ha sido incluso mejor en ciertos aspectos. Una parte de la explicación está en la aportación del sector agrario y, de cara al futuro, cabe pensar en una contribución similar de la construcción, pero también es probable que el amplio abanico de ayudas sociales haya tenido en Andalucía un efecto sedante mayor que en otras comunidades. El nivel de desempleo es mayor y también la precariedad laboral, la pobreza y el riesgo de exclusión, así que es posible que aquí se hayan sentido especialmente sus efectos. En todo caso, tanta secuela amenazante debería invitar a la moderación del optimismo y a reprimir el discurso autocomplaciente.
Aunque la economía consiga salir de la UCI, las secuelas todavía serán importantes