El juez procesa al conseguidor Lanzas por el ERE de Río Grande
El magistrado cierra la instrucción con 9 investigados, entre ellos la dueña del restaurante
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto en el que ha procesado a nueve personas, entre ellas el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que figuraban como investigadas en la pieza separada por las ayudas de 1,5 millones otorgada a la empresa Río Grande de Sevilla. El magistrado también procesó recientemente a Lanzas por el ERE de Mercasevilla, siendo estas piezas de las primeras que se investigaron cuando estalló el escándalo.
Entre los nueve encausados en esta pieza separada de la macrocausa, se encuentran la administradora única de Río Grande, Carmen García Sánchez; varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería y del bufete Estudios Jurídicos Villasís, y la intrusa Carmen Fontela, que nunca había sido trabajadora de Río Grande y fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro . Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra las entidades Río Grande Sevilla, Vitalia, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería.
En un auto, del 30 de abril, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.
En el auto, Vilaplana explica que el objeto de esta pieza separada del caso “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta a la entidad Río Grande S.L. sin sujeción al procedimiento legalmente establecido”, añadiendo que, “así, de manera ilícita y fraudulenta, se concede una ayuda o subvención a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE 21/2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio”.
El magistrado concreta que la administradora única de la mercantil desde el 30 de enero de 1996 tuvo conocimiento de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y “al margen de los procedimientos legalmente establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata”, de forma que “consiguió que el titular de la Dirección General de Trabajo beneficiara a su empresa con una ayuda ascendente a la suma de 1.531.299,91 euros”, subvención que “no consta formalmente entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta, toda vez que se utilizó el sistema irregular de ‘pagos cruzados’ para el abono de primas de seguro, de modo que dichos pagos no quedan reflejados en la contabilidad de la Agencia IDEA”.