La AP-4 o la autovía de Vejer podrían ser de pago con el proyecto del Gobierno
● La red de alta capacidad del Estado en la provincia tiene 164 kilómetros y abarca también un tramo de la A-7S desde San Roque hasta su entrada en Málaga y varios en la Bahía de Cádiz
El proyecto del Gobierno central de implantar peaje en las autopistas y autovías a partir de 2024 sorprende a los gaditanos cuando apenas han podido disfrutar año y medio de la gratuidad de la AP-4 después de casi medio siglo de pago por uso. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado por el Ejecutivo a Bruselas, recoge que el pago de peajes en autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de “el que contamina paga” y “el que usa paga”. Esta medida será tratada con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones, para implantarla en 2024. Una fecha que la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, matizó ayer, al asegurar que dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del económico anteriores a la pandemia de la covid-19.
El documento plantea inicialmente la imposición de peajes en la red de alta capacidad de titularidad estatal. En el caso de Cádiz, supondría el pago por circular por un total de 164 kilómetros, según el último catálogo de la Red de Carreteras del Estado publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
El tramo más largo corresponde a los 44 kilómetros de la antigua autopista de peaje AP-4 que discurren por la provincia de Cádiz, entre Puerto Real y el límite provincial situado cerca de la sierra de Gibalbín. Si la iniciativa entra en vigor en el formato actual, también habría que pagar peaje en los 36,4 kilómetros de la A-48 entre Tres Caminos y su finalización en Vejer.
Asimismo, sería necesario pagar por circular por los 24,5 kilómetros de la A-7S dentro de la provincia, situados entre Algeciras y Málaga. Si el proyecto sigue adelante, habría que pagar peaje por entrar o salir de Cádiz, salvo para circular a San Fernando. El Mitma incluye dentro de la red de autovías y autopistas del Estado los siete kilómetros de la CA-35, que comprende el
Puente de la Constitución de 1812 y la autovía de enlace con la AP4. También entran dentro de esta catalogación la CA-33 entre San Fernando y Tres
Caminos, y 2,3 kilómetros de la CA-36, los que transcurren entre el nudo del Polígono El Trocadero y el arranque del Puente Carranza. Asimismo, la red de alta capacidad del Estado incluye 2,5 kilómetros de la CA-32 –la duplicación de la antigua N-IV entre Valdelagrana y Puerto Real–.
En cambio, quedan fuera de esta categoría 31,8 kilómetros de vías catalogadas como “carreteras multicarril”, que según su definición legal, se trata de carreteras que, sin ser autopistas o autovías, tienen al menos dos carriles destinados a la circulación para cada sentido, con separación o delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o cruces a nivel. Por lo tanto, estarían en principio libres de peaje.
Dentro de las carreteras multicarril de titularidad estatal entran 9,7 kilómetros de la A7-S que corresponden a la circunvalación de
Algeciras, que por sus características geométricas y la presencia de semáforos, no se incluye dentro de la catalogación como vía de alta capacidad. También se libran siete kilómetros de la CA-33 entre Cádiz y San Fernando; la CA-31, que enlaza la A-4 con El Puerto por la Cuesta del Chorizo; la CA-34, entre San Roque y Campamento; y la CA-37, que es la unión entre la variante de los Puertos de la A-4 y la vía que une Valdelagrana y y Puerto Real.
La provincia de Cádiz cuenta con otras importantes autovías, como la A-381 (Jerez-Los Barrios); la A382 (Jerez-Arcos) o la A-471 (Jerez-Chipiona), que son de titularidad de la Junta de Andalucía, por lo que quedarían fuera en una primera fase del plan de implantar peajes. El Gobierno insiste en que el sistema será “escalable y progresivo”, es decir, que se podría extender de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje. Pero la Junta de Andalucía ya expresó ayer su rechazo total a la medida, según indicó la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que aseguró que la administración regional garantiza que “no se va a pagar ni un solo euro” en las vías de competencia autonómica.
La progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, el Ejecutivo central defiende que se determinarán tarifas “asumibles pero que garanticen la financiación”. Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) estiman que un peaje de entre tres y cinco céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que acumula la conservación de las carreteras según sus cálculos. Con un coste de cuatro céntimos por kilómetro, el desplazamiento entre Sevilla y Cádiz costaría unos cuatro euros.
El PP de Cádiz se pronunció en contra de la medida. “Nos tratan como tontos y dicen que van a hacer campañas de concienciación gastando dinero público para comernos el coco y decirnos que es bueno pagar peajes”, señaló la diputada María José GarcíaPelayo. “Ya pagamos nuestros impuestos para el uso y conservación de las carreteras”, agregó el diputado José Ortiz,
Por su parte, el coordinador provincial de IU en Cádiz, Fernando Macías, manifestó su “rotunda” oposición. “Llevamos un escaso año y medio sin peaje en nuestra provincia después de décadas, un escaso año y medio que ni siquiera estamos disfrutando los gaditanos por motivos de las restricciones de la pandemia, hemos luchado mucho para lograr que desaparezca este peaje que venía a ahogar aún más a la provincia de Cádiz, así que lo último que vamos a permitir es que vuelvan a instalarnos nuevas marquesinas para un nuevo peaje”, sostuvo.
El Ejecutivo recula y dice que la fecha de 2024 es orientativa al depender de la recuperación
El PP de Cádiz e IU rechazan la medida y la Junta no la aplicará en sus carreteras