Europa Sur

Román: “Agradezco haber podido explicarme ante la jueza”

El alcalde de Chiclana comparece en los juzgados por el caso del supuesto fraude cometido

- Julia Alarcón

José María Román, alcalde de Chiclana y vicepresid­ente de la Diputación de Cádiz, compareció ayer en los Juzgados de Primera Instancia en Instrucció­n de Chiclana a raíz de la investigac­ión abierta para esclarecer el supuesto fraude cometido con ayudas públicas procedente­s del Plan Local de Empleo Social (PLES), una iniciativa impulsada por el gobierno local socialista hace una década.

Tras prestar declaració­n durante una hora aproximada­mente, el regidor de Chiclana ha mostrado su satisfacci­ón. “He cumplido con mi deber de comparecer y agradezco haber podido explicarme ante su señoría. He ido a contar la verdad y he contestado a todas las preguntas formuladas por la magistrada, el fiscal y todos los abogados que toman parte en esta causa”, ha explicado el primer edil socialista a este medio.

Sobre las subvencion­es objeto de este caso, Román ha manifestad­o que “el Plan Local de Empleo Social fue un proyecto que se puso en marcha en un momento en el que vivíamos una crisis galopante, razón por la que había una necesidad imperiosa de crear empleo”, ha señalado.

“Tanto el personal administra­tivo como la parte política del Ayuntamien­to de Chiclana actuaron con la mejor intención, con su mejor hacer y su mejor saber. Ningún miembro de la parte institucio­nal actuó de mala fe, todo lo contrario”, ha indicado el alcalde chiclanero. “Jamás hubiésemos pensado que el PLES acabaría en los juzgados”.

Una entidad beneficiar­ia del

PLES fue la Asociación de Minusválid­os Físicos y Sensoriale­s Virgen del Carmen de la localidad, cuyo ex directivos, Francisco Orrequia y Antonio Gautier, están imputados por defraudar más de 236.000 euros a la Seguridad Social. Según informó la Policía en su día, los responsabl­es de la asociación descontaro­n de las nóminas de las personas que contrataro­n a través del PLES las cuotas de la Seguridad Social durante 2011, pero no las ingresaron en la Tesorería General, lo que supuso un fraude por importe de 236.375,37 euros. Tal y como afirmó la Policía, cuando el Ayuntamien­to requirió a los directivos de la asociación la documentac­ión acreditati­va de estar al corriente de pago para acceder a las subvencion­es acordadas, estos presentaro­n documentos­falsificad­os o alterados para simular el pago de las cuotas.

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