Cárcel para un político del PP y otro del PSOE de Valencia por corrupción
La juez decreta prisión para Alfonso Grau, Rafael Rubio y tres empresarios por el riesgo de fuga y destrucción de pruebas
La magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia ordenó prisión incondicional para el ex vicealcalde de la capital con el PP Alfonso Grau, el ex subdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y tres empresarios, entre ellos Jaime
Febrer, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga en el marco del caso Azud.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los otros ocho arrestados que pasaron a disposición judicial el sábado quedaron en libertad provisional con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial.
En la causa, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.
Anticorrupción había pedido el ingreso en prisión provisional para Rubio y Grau tras ser arrestados el jueves en el marco de la segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística. Rubio, Grau y otras 12 personas más fueron detenidas en la segunda fase de esta causa, coordinada por el juzgado número 13 de Valencia y por Anticorrupción. Tras las detenciones y registros, los arrestados fueron trasladados a diferentes comandancias de la Guardia Civil, donde permanecieron hasta el sábado por la mañana, cuando fueron llevados ante la juez.
El socialista Rubio, quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y el popular Grau están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000. El socialista está procesado también en una pieza del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. El popular, de 80 años, fue condenado a cuatro años por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento.