LA APORTACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
DESDE que Luis Ángel Rojo dirigió el Servicio de Estudios del Banco de España (BdE), esta institución ha sido uno de los centros más cualificados de investigación económica de Europa, donde se han formado muchos de los economistas más brillantes del país y ha generado una vasta producción de análisis económico aplicado a España, tanto desentrañando su funcionamiento como aportando propuestas político-económicas. Una institución pública que, como otras instituciones de excelencia, se han desarrollado gracias a la inteligencia y trabajo de algún maestro que ha sabido transmitir el amor por la investigación rigurosa y el servicio público.
Como suele ocurrir con la política económica, la unanimidad es imposible, entre otras razones, por los sesgos ideológicos y la defensa de intereses sectoriales o corporativos, pero puede afirmarse que las propuestas del Servicio de Estudio del Banco de España suelen concitar el apoyo mayoritario de los economistas españoles, y que el respeto por su trabajo le ha permitido trabajar con independencia.
Entre sus múltiples publicaciones la más relevante es el Informe Anual. El de 2020 es especialmente interesante porque en él se hace un balance preciso del impacto económico de la pandemia en España, de las políticas aplicadas, de los retos y las políticas recomendadas. Además, dos análisis monográficos: uno sobre los efectos de la crisis en los sectores productivos, y otro sobre la distribución espacial de la población en España.
El informe prevé un escenario central de recuperación para 2021 del 6%, que podrá variar según la evolución de la pandemia, pero que a medida que ésta se vaya desactivando estará más condicionada por factores de naturaleza fundamentalmente económica.
En el corto plazo aconseja evitar una retirada prematura de los estímulos a las empresas viables, pues su cierre determinaría la reducción de la capacidad productiva, del empleo y la inversión. Pero su atención primordial se centra en los retos de carácter estructural, algunos de los cuales existían antes de la pandemia, como el paro estructural, la inviabilidad del sistema de pensiones, las limitaciones del sistema educativo o el reducido crecimiento potencial, y otros han surgido o se han acentuado con la pandemia, como los cambios de las actividades en los hogares (movilidad, teletrabajo y hábitos de consumo), en el empleo (se acelerar el proceso de automatización), el aumento de la desigualdad o el extraordinario aumento del déficit y de la deuda públicos.
Estos retos son de carácter estructural por lo que abordarlos requiere una estrategia integral de reformas ambiciosas con vocación de permanencia, y que exige elevar el crecimiento potencial de la economía, corregir las deficiencias persistentes que caracterizan el mercado de trabajo español, reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y abordar las implicaciones económicas que se derivan del envejecimiento de la población, de los elevados niveles de desigualdad, del cambio climático y del proceso de digitalización. “Esta estrategia debería sustentarse en amplios consensos, de manera que pueda tener una vocación de permanencia”.
Dado que el déficit público estructural (el que no está afectado por factores cíclicos o extraordinarios) se ha elevado en 2020 hasta el 4,5% del PIB, el BdE alerta de que el inevitable proceso de consolidación fiscal exige un compromiso plurianual preciso para hacerlo creíble, lo que hace aconsejable una “revisión integral de todos los capítulos de gastos e ingresos públicos”.
La segunda parte del informe hace referencia al mejor uso posible del programa Next Generation EU, en el que merece destacar su propuesta de crear un fondo de capitalización para financiar “la mochila austriaca”. Esta es una propuesta para flexibilizar el mercado de trabajo, eliminar la dualidad entre fijos y temporales, reducir el paro estructural, mejorar la productividad y la empleabilidad de los jóvenes y favorecer la movilidad de los trabajadores entre empresas. Esta “mochila” es un fondo en el que cada empleado va acumulando lo que la empresa va adelantando en concepto de posible despido, y que el trabajador puede llevarlo a otra empresa, acumularlo para un posible despido o ahorrarlo para la jubilación. Dado que la puesta en marcha de este sistema exige mantener los derechos adquiridos de los actuales empleados, el BdE propone que el Estado financie con 8.600 millones el periodo de transición, y que se financie con fondos del Next Generation EU.
Dado el nivel de crispación en el ámbito político, de retórica populista y de programas superficiales, debemos pedirles a nuestros representantes que lean un informe como el referido, de una institución pública española respetada en todo el mundo.
El análisis y las propuestas político-económicas planteadas por el Banco de España merecen ser contempladas por el Gobierno y la oposición