Igualdad trata de reducir a tres meses el trámite de la dependencia
● Un plan de choque económico de la Junta pretende incorporar al menos a 1.639 nuevos beneficiarios en la provincia de Cádiz
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en su reunión de esta semana un plan de choque económico con el objetivo de mejorar el sistema de atención a la dependencia en la comunidad. Casi 103 millones de euros más destinados, fundamentalmente, a agilizar los trámites de solicitud, valoración, concesión y ejecución de la dependencia, con una reducción en tiempo y número de las listas de espera, a aumentar el número de beneficiarios y a mejorar las prestaciones que reciben. Los principales objetivos en la provincia de Cádiz, en un primer momento, son ampliar en al menos 1.639 personas el número de usuarios (actualmente hay alrededor de 28.000), crear un centenar de nuevas plazas en centros asistenciales y reducir en tres meses los trámites de solicitud y valoración de la dependencia, que en la actualidad se sitúa en una media entre los seis y los nueve meses.
La delegada territorial de Igualdad y Políticas Sociales, Ana Fidalgo, y el jefe de servicio de dependencia, Víctor Alba, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para desglosar las cifras económicas del plan de choque y su futura plasmación en trámites y servicios y, también, para detallar cómo influirá, o cómo deberá inf luir, esta inyección presupuestaria en los usuarios del sistema de dependencia de la provincia de Cádiz y en las personas que necesitan de estos servicios y aún no les han sido concedidos.
Porque en el conjunto de la provincia hay actualmente unos 28.000 usuarios del sistema de dependencia con una o varias, que cada caso es muy distinto, prestaciones concedidas en función del grado de dependencia y de las necesidades de cada persona. Pero es que, además, hay otras 10.600 personas pendientes de formar parte del sistema, un 60% de ellos con grado de dependencia moderado. En palabras de Ana Fidalgo, son unas 3.000 personas menos que las que se encontraban en espera en diciembre de 2018, cuando se produjo el cambio de gobierno en Andalucía. Y la intención antes de que acabe el año es incorporar a 1.639 beneficiarios con sus correspondientes prestaciones. La cifra, según dijeron Fidalgo y Alba, es un objetivo de mínimos porque el deseo es superar este número y alcanzar los 30.000 usuarios.
Otra de las intenciones en la provincia de Cádiz es aumentar en un plazo de tiempo inmediato las plazas concertadas para mayores y dependientes, ya sea en residencias o centros de día, hasta alcanzar el centenar de nuevas plazas, 101 en concreto: 26 para mayores en residencias, 47 para discapacitados y 28 en centros de día.
Y uno de los objetivos primordiales es avanzar de manera considerable en la reducción de las listas de espera y en rebajar hasta los tres meses los primeros trámites en la solicitud y valoración de la dependencia. No es, en este caso, un objetivo estrictamente provincial, sino que alcanza categoría regional. La herramienta elegida para cumplir con este fin es la puesta en marcha de la ventanilla electrónica de la dependencia, una forma telemática de agilizar ese primer trámite y la valoración de cada una de las solicitudes según los distintos grados de dependencia que recoge la ley.
Aunque lo que se conoce popularmente como listas de espera es para esta consejería, técnicamente, el grupo de personas que ya cuenta con el derecho de la dependencia reconocido y valorado, que tiene ya elaborado su Programa Individual de Acción (PIA) y que, por tanto, está esperando que ese derecho que la administración pública le ha reconocido se plasme en el día a día, en la atención asistencial que, en virtud de la norma y del estudio de su caso por los profesionales, le corresponde.
Otra de las medidas acordadas dentro de este plan es aumentar el coste de cada plaza concertada para los mayores y para los casos de dependencia y elevar en un 13% la cuantía del precio de la hora que se abona por el servicio de ayuda a domicilio, que se situará en 14,60 euros. Ana Fidalgo destacó la decisión de modificar una cifra “congelada desde 2007” y que “debe redundar en beneficio de las 32.000 trabajadoras”, mayoritariamente mujeres, con que cuenta el sector en la comunidad autónoma.
Ana Fidalgo anuncia un centenar de nuevas plazas en residencias y centros de día