CASTELLAR SE REBELA CONTRA LOS TENDIDOS DE LAS FOTOVOLTAICAS
● Los quince kilómetros de líneas de los proyectos presentados cruzan 40 explotaciones agrícolas y afectan a suelos de expansión urbana
El boom de las fotovoltaicas hace tiempo que llegó al Campo de Gibraltar. Las empresas del sector han presentado decenas de propuestas de plantas solares a los ayuntamientos de Jimena y San Roque, alguna de ellas entre las mayores del país, generando una fuerte contestación social por la extensa ocupación del territorio que se plantea. Pero estas instalaciones también tienen repercusión sobre otro municipio, Castellar de la Frontera, que prepara para este domingo una tractorada de protesta por el paso de las líneas eléctricas por su término municipal para evacuar la energía que generan los parques.
En el caso de Castellar, su negativa a los proyectos tal y como están presentados tiene cifras: 15 kilómetros de líneas, 60 torres y 97 parcelas afectadas. Ese sería el resumen cuantitativo de los proyectos que por ahora se están tramitando y que evacuarían por el término municipal chisparrero. Se trata de las plantas fotovoltaicas Sancho, en San Roque, y Herradura, en Jimena, para los que se ha solicitado la autorización administrativa previa, de construcción, declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública para la instalación. Ambos son de la empresa Mitra Alfa, una filial de Cepsa, aunque las instalaciones eléctricas a ejecutar prestarían servicio también a otras tres plantas fotovoltaicas de AAGES Jimena y Retiro Energía.
El proyecto que tiene una mayor afección sobre el término de Castellar es el de la planta fotovoltaica Sancho. Prevé la instalación de paneles solares en una superficie de 171 hectáreas al Norte de San Roque Casco, aunque la parcela total a ocupar es de 272 hectáreas, superando al núcleo urbano en extensión. Con sus 199,99 megavatios de potencia pico instalada, la planta de Cepsa se situaría entre las mayores del país en la actualidad. La empresa calcula un coste de 84,9 millones de euros para instalar los casi 400.000 módulos fotovoltaicos que serán los encargados de generar energía a partir de la luz solar. El proyecto total supondrá 92,5 millones.
El proyecto incluye la construcción de una subestación eléctrica (Sancho) al suroeste de la planta desde la que partiría una línea eléctrica de evacuación de la energía de 15 kilómetros de longitud. La mayor parte de esta sería aérea, con un tramo soterrado de tres kilómetros en la zona más cercana al núcleo urbano de Castellar de la Frontera, y conectaría la subestación Sancho con la nueva subestación Guadarranque. Es esta línea de alta tensión contra la que los vecinos de Castellar están en pie de guerra por discurrir por terrenos agrícolas.
Según la propuesta presentada, el tendido eléctrico afectaría a un total de 97 parcelas de Castellar, muchas de ellas plantadas con frutales y arbolado. Según explica el alcalde chisparrero, Adrián Vaca, “hay unas cuarenta explotaciones agrícolas afectadas, 40 familias y sus trabajadores, además de las empresas que les prestan servicios”. Son campos de aguacate, de cítricos, que se encuentran en pleno proceso de relevo generacional, “con muchos agricultores realizando inversiones importantes, generando empleo e innovación. Es un sector al que apoyar, no al que poner trabas en el camino”. También denuncia el regidor que el trazado pasa muy cerca del núcleo urbano, de “una área de expansión del municipio”.
El segundo proyecto en trámites es de menor tamaño. Con una capacidad de 100 megavatios, ocupará una superficie total de casi 100 hectáreas, con un presupuesto de 57,5 millones de ellos para todo el conjunto. Este incluye, además de la planta fotovoltaica, tres instalaciones más que prestarán servicio también a otros tres proyectos en Jimena: Solar Marchenilla, de AAGES y Marchenilla VII y VIII de Retiro Energía. Así, se compartirán la subestación eléctrica La Herradura (en Jimena) y la línea de evacuación que conectará esta con la subestación Guadarranque (en Castellar). Esta línea tiene un trazado aéreo de 1,8 kilómetros en su inicio y otros 6,6 kilómetros de línea subterránea.
La subestación de Guadarranque centraliza la evacuación de los parques y conecta con la red nacional de transporte a través de la subestación de Castellar, de Red Eléctrica, antes conocida como Marchenilla y que es una de las claves de estos proyectos, que necesitan ese punto de enganche. Esta subestación será una de las que permita la electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla y el Ayuntamiento ha presentado un recurso para que se le busque otra ubicación, ante el temor a convertirse en el centro de conexión de otros de los muchos proyectos que se están planteando a su alrededor.
El Consistorio y los vecinos piden que se estudien otras posibilidades para estos proyectos, “porque las hay”. La primera alternativa que proponen es que se aproveche el mallado eléctrico y las nuevas líneas discurran en paralelo, de forma que la zona de servidumbre sea la ya existente. Y otra, el soterramiento “por los caminos públicos, lo que evitaría la afectación a la zona agrícola”.
“No estamos ni mucho menos en contra de la energía fotovoltaica, entendemos que es la energía del futuro. Pero creemos que debe hacerse de forma ordenada”, prosigue. Por ello, reclaman a la Junta de Andalucía una regulación de la expansión de las instalaciones fotovoltaicas por el territorio. “Respaldamos el uso de la energía limpia, pero debe ser compatible con la economía de los territorios, no a costa de otros sectores. Ahora que hablamos de la España vaciada, hay que tener en cuenta que las explotaciones agrícolas fijan la población al territorio”.
Castellar está dispuesto a “mover todos los recursos a nuestro alcance”. Ha presentado recursos, llamado a la puerta del Gobierno central y emitido informes negativos sobre las instalaciones. Este domingo (12:00) hará pública su protesta con una tractorada y los chisparreros aseguran que seguirán luchando, como también ocurre en otros puntos de Andalucía. La guerra de las fotovoltaicas no ha hecho más que empezar.