La inversión de Repsol en la fotovoltaica de Jerez, un fiasco
La compañía ocupará 3,6 hectáreas e invertirá 107 millones, pero solo creará 14 empleos fijos
La patronal reconoce que las plantas de menos de 50 MW se tramitan más rápido
Un proyecto que ha sido declarado de inversión empresarial de interés estratégico de Andalucía; una inversión que rondará los 107 millones de euros; un complejo fotovoltaico conformado por cinco plantas solares que tendrán una potencia instalada de 204 megavatios. Sin embargo, estas grandes cifras llevarán aparejadas la creación de apenas 14 puestos de trabajo durante los 40 años que se estima que tendrá de vida.
El proyecto de la compañía petrolífera Repsol en Jerez es el paradigma de las instalaciones que generan energía a través de sistemas fotovoltaicos. Suponen una importante carga de trabajo durante su construcción; en cambio, tras su puesta en funcionamiento, apenas necesita empleados para su mantenimiento.
Actualmente, la Junta de Andalucía está tramitando las licencias para los cinco parques solares que la firma proyecta en las inmediaciones de la pedanía de Torrecera, que ocuparán una superficie que rondará las 363 hectáreas. Tres de ellas se ubicarán al norte del núcleo rural en unos terrenos próximos a una estación de bombeo que la Comunidad de Regantes del Guadalcacín tiene en este enclave; los otros dos, irán en otros suelos ya próximos a la localidad de Paterna de Rivera a pie de la carretera que une esta localidad con la pedanía jerezana.
A mediados de 2019, la compañía anunció que había adquirido este “parque fotovoltaico” en Jerez (lo hizo a la firma Dosa Renovables) bajo la denominación comercial Sigma. Sin embargo, para construirlo, ha pedido licencia para cinco parques independientes (tres de 48 megavatios cada una y dos de 29 megavatios cada una), a pesar de que algunas se proyectan sobre la misma parcela catastral o en terrenos colindantes.
Este modus operandi no es baladí pues aprovecha un subterfugio legal ya que la normativa establece que aquellas que tengan una potencia instalada que supere los 50 megavatios debe ser tramitada a través del Ministerio de Transición Ecológica; mientras los de potencia inferior son autorizados por las comunidades autónomas, que suelen tener más celeridad con este tipo de proyectos.
En un informe de la Unión Española
de Fotovoltaica (UEF), una entidad que aglutina a la mayor parte de las empresas del sector, sobre la incidencia que tendrá esta energía renovable en la recuperación del país en la salida de la crisis del coronavirus, se apunta que una instalación de este tipo que solicita los permisos a través de la administración estatal tarda de media 3,5 años en tramitarse. En cambio, aquellas que lo hacen a través de las comunidades obtiene las autorizaciones en torno a un año después de presentar la solicitud.
A esto se une que el pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio vía libre a que este proyecto de Repsol, junto a otro de otra empresa fotovoltaica en Sevilla, sea declarado de inversión estatal de interés estratégico para Andalucía, una figura creada en 2019 por el ejecutivo autonómico para tratar de favorecer la llegada de inversiones a la comunidad. Esta declaración permite un “trato preferente” del proyecto a la hora de la tramitación por lo que le ayuda a acortar los plazos de concesión de autorizaciones. Eso sí, no podrá beneficiarse de otro decreto aprobado en febrero por el organismo autonómico que permite reducir algunos trámites, fundamentalmente ambientales, dado que pidió las licencias autonómicas antes de que entrara en vigor la nueva normativa.
Para lograr esta catalogación, Repsol sí ha presentado el proyecto como una unidad pues, para empezar, la Junta determina que debe ser un proyecto que
contribuya “a la creación de un mínimo de 50 puestos de trabajos a tiempo completo en la ejecución de la inversión, así como ofrecer una inversión de, al menos, 25 millones de euros”, según reza el decreto que regula esta calificación. Sumando el coste de las cinco plantas, la compañía supera el importe mínimo exigido, aunque solo una de ellas lo haga de manera individual, según los datos aportados en la propuesta remitida al Gobierno andaluz (las de 49 megavatios tendrían un coste de entre 24 y 26 millones y las dos más pequeñas rondarían los 15 millones).
En cuanto al empleo, la compañía señala que durante el año que durará la construcción creará 760 empleos. En cambio, en fase de operación, reconoce que apenas contará con 14 trabajadores. Los datos aportados van en consonancia con los que reconoce la propia Unión Española de Fotovoltaica en su informe, que señala que para la puesta en marcha de una instalación de 50 megavatios se generan unos 350 empleos entre puestos directos e indirectos. Estos se reparten entre 150 para la construcción, 20 para la distribución de equipos y materiales, 195 en la fabricación de componentes y 10 en el desarrollo del proyecto.
La propia UEF reconoce en su informe que en este tipo de instalaciones “los empleos se concentran sobre todo en la construcción de la instalación y la fabricación de componentes, ya que estas plantas requieren de una reducida operación y mantenimiento”. Sin embargo, para el organismo autonómico, estas previsiones de generación de empleo durante la construcción y no así durante su vida útil bastan para cumplir con los requisitos necesarios para obtener la declaración del proyecto de interés estratégico. De hecho, en el decreto que regula esta medida se limita a pedir que estas propuestas creen puestos de trabajo “en la ejecución de la inversión”.
A ello hay que sumarle que, durante su construcción, este tipo de instalaciones requieren de una mano de obra especializada y materiales específicos producidos y comercializados por un reducido grupo de compañías, tal y como recoge el propio informe de la UEF, por lo que hay poco margen para la participación en el empresariado local en un proyecto de estas características.
Por otro lado, la Junta considera que el proyecto puede adscribirse a esta declaración ya que cumple también el requisito de ser un proyecto que potencia
“iniciativas de economía circular, la ecoinnovación o que contribuyan al desarrollo energético sostenible de Andalucía, incluida la valorización energética de residuos o biomasa, así como la neutralidad climática”.
Ahora bien, en la resolución de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta, órgano al que se le ha encomendado el estudio y propuesta de concesión de este tipo de declaraciones, se advierte de los condicionantes ambientales que deberá cumplir la instalación. Para empezar, se advierte de que el proyecto se asienta sobre unos suelos incluidos en el ámbito del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica. Y las líneas de evacuación atraviesan zonas adscritas al Plan de Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados del río Guadalete, así como algunos hábitats de interés comunitario no prioritarios. Por ello, advierte de que estos condicionantes “pueden imponer” medidas correctoras o compensar para “garantizar la protección de la biodiversidad”.
Según los datos que han trascendido hasta el momento, dos de estas plantas ya cuentan con un informe ambiental favorable, de ahí que la Junta de Andalucía le haya dado ya licencia, aunque ahora deberán pedir los permisos municipales para iniciar la construcción.
Actualmente, hay 11 proyectos de parques fotovoltaicos en tramitación o en construcción en Jerez. Estos proyectos se concentran en dos enclaves, en el extremo este del término municipal, próximo a la linde con San José del Valle; o en el extremo sureste, próximo al límite con Puerto Real. Se da la circunstancia de que en ambos enclaves, además de contar con grandes fincas de secano, están próximas a subestaciones eléctricas donde verter la electricidad que se generen en estos enclaves. Una vez estén operativos, en Jerez habrá una potencia fotovoltaica instalada que superará los 560 megavatios.
No obstante, el término municipal jerezano, dado que es uno de los más extensos del país, ya tuvo otro boom de energías renovables hace algo más de una década. En esa ocasión fue con la implantación de plantas eólicas. Actualmente, según datos de la Agencia Andaluza de Energía, en Jerez hay en funcionamiento 12 parques eólicos con una potencia instalada total de 312 megavatios. Sólo Tarifa supera en generación de electricidad a través de este tipo de energía.
Usa un subterfugio legal al tramitar cinco plantas independientes para tener antes las licencias
Para la declaración de interés estratégico sí ha presentado un proyecto conjunto