Los desahucios en la provincia casi se duplican con respecto a 2020
● La APDHA llama la atención sobre los datos del Poder Judicial en torno a los lanzamientos
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que ni la aplicación del decreto antidesahucios, ni el estado de alarma han evitado que se sigan produciendo numerosos lanzamientos habitacionales en Andalucía. En el caso de la provincia de Cádiz los datos que se desprenden del primer trimestre de 2021, que ha hecho públicos esta semana el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), son demoledores, produciéndose tres lanzamientos diarios e incrementándose la cifra desde el año anterior.
Exactamente, Cádiz es la segunda provincia en lanzamientos en valor absoluto (sólo por detrás de Málaga) y se producen tres lanzamientos diarios. Por otra parte, se ha producido un incremento respecto al año anterior en el mismo periodo, así, si en 2020 el número de lanzamientos totales practicados en el primer trimestre del año fue de 173, en este 2021 se han realizado 277 en la provincia de Cádiz.
Llama la atención que de estos lanzamientos, los practicados como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria han ascendido de los 52 del primer trimestre del año 2020 a 101 en estos primeros tres meses de 2021. Y los derivados de la Ley de Arrendamiento Urbano han pasado de 118 a 160.
En el resto de nuestra comunidad autónoma, los datos sigue la misma tónica. Así, la organización explica que en los primeros tres meses del año se han producido 1.685 lanzamientos habitacionales, lo que supone que se ejecutan un total de 18,7 desahucios diarios de media en Andalucía.
Esta situación, critica, no es más que la consecuencia de “la pobreza histórica instalada en Andalucía, acentuada en este último año por los efectos de una pandemia que se ceba con las familias más vulnerables”. Con una tasa de paro del 22,58%, (que en la provincia de Cádiz alcanza el 27,05% a la cabeza de todas las provincias españolas) frente al 15,98 % del total nacional, “parece consolidarse el fracaso de las políticas instauradas y el abandono institucional hacia nuestra comunidad, por encima de declaraciones grandilocuentes”.
La APDHA argumenta que “no es de extrañar que 12 de los 15 barrios más pobres de España se encuentren en Andalucía, cuando constatamos que la Renta Mínima de Inserción andaluza es insuficiente y excluyente, que el Ingreso Mínimo Vital no llega a la mayoría de las familias en riesgo de exclusión, y que los Servicios Sociales están minimizados por los drásticos recortes presupuestarios aplicados”.
Desde la organización defienden la Renta Básica Universal como “la solución más simple e inmediata para acudir al rescate de las personas empobrecidas haciendo realidad la promesa de que nadie va a quedar atrás”.
La asociación reclama como medida imprescindible incrementar el parque público de viviendas en alquiler social, “ya que el existente es poco significativo e incapaz de incidir en los precios. Y que el remanente de pisos públicos existentes en estos momentos, para el alquiler o venta en condiciones y precios de mercado, se traspase de inmediato a alquiler social, adjudicándose a las familias necesitadas”.
Para la organización, la situación de emergencia habitacional exige que todos los poderes públicos se pongan ya al lado de las personas que han perdido sus residencias y carecen de hábitat digno. Además, advierte, es necesario que cese la política represiva contra las familias que, ante lo desesperada de su situación, se han visto compelidas a ocupar pisos vacíos en su gran mayoría propiedad de grandes especuladores financieros.
De hecho, en la provincia de Cádiz, han descendido los nuevos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda. Así, si han sido 25 ingresados en el primer trimestre de 2021, en el mismo periodo de 2020 se ingresaron 40. Hay que recordar que estos verbales posesorios son procedimientos para que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.