Algeciras prepara la demolición del aparcamiento La Escalinata
● La Comisión de Hacienda allanará este lunes el camino hacia la clausura del edificio ● Nautagest tendrá dos meses para desalojarlo después de que se apruebe en Pleno
El Ayuntamiento avanza en los trámites para la demolición del parking La Escalinata para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pendiente desde 2016. La Comisión de Hacienda tratará este lunes la propuesta para clausurar el aparcamiento en un plazo de dos meses desde que se notifique la resolución definitiva, que antes deberá pasar por el Pleno, a la concesionaria, Nautagest, con la advertencia de que en caso de incumplimiento será el Consistorio el que proceda a su cierre y lanzamiento a costa de la empresa. Nautagest tendrá un plazo de 15 días para realizar alegaciones antes de dictarse la resolución definitiva de la clausura.
Este trámite se lleva a cabo después de que hace unos días –el 31 de mayo– se firmara el contrato del proyecto de demolición del parking con la empresa Spaniarq T10 Servicio de Arquitectura. Este proceso se ha dilatado en el
El Consistorio se ampara en la providencia del TSJA que ordena su derribo
tiempo porque ha sufrido hasta dos renuncias por parte de las empresas propuestas. La última fue el estudio de arquitectura de Eduardo Duro Almazán, que presentó su renuncia al contrato por motivos personales. La empresa jiennense presentó la oferta más económica, por un importe de 39.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, no fue necesario sacar un nuevo concurso, sino que el contrato fue propuesto para adjudicación a la empresa que presentó la segunda oferta mejor valorada, Spaniarq T10, que contemplaba un presupuesto de 82.294 euros, el doble que la empresa que renunció.
La propuesta para clausurar y desalojar el parking La Escalinata para “acabar con la anomalía urbanística consistente en que permanezca abierta al público una instalación condenada a su derribo” se apoya, entre otros actos jurídicos, en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras de fecha 10 de noviembre de 2020, que declara la resolución del contrato de la concesión, la reversión de los bienes el y abono de la amortización pendiente (aunque obliga al Ayuntamiento a pagar 7,5 millones de euros a Nautagest, aunque el Consistorio ha recurrido al TSJA).
Esta propuesta, que emana de un informe elaborado por el secretario general del Ayuntamiento, también se ampara en la providencia del TSJA del 30 de abril de 2021, que ordena la demolición en su totalidad del aparcamiento y “ha venido a esclarecer la cuestión al residenciar en el Ayuntamiento de Algeciras la decisión de proceder a la clausura del parking”, y en la reciente forma liza ciónd el contrato de la redacción del proyecto.
La adjudicataria tiene tres meses para redactar el proyecto y posteriormente se tendrá que sacar a licitación su ejecución. Pero también está pendiente por decidir qué edificación ocupará el espacio que dejará la demolición del parking. Desde el PSOE han mostrado su preocupación por la factura que dejará el “urbanismo dañino y especulador que sufrió la ciudad con Patricio González y José Ignacio Landaluce, que aún no se ha cerrado”.
El derribo del aparcamiento lleva pendiente desde el año 2016, cuando el TSJA denegó definitivamente la petición del Ayuntamiento de Algeciras para evitar la demolición (el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación en 2017).
Desde entonces, el Alto Tribunal andaluz ha reclamado al Consistorio la ejecución de la sentencia en diferentes pronunciamientos. A finales de 2017, el Ayuntamiento comunicó al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada, pero no convocó el concurso para la redacción del proyecto hasta agosto de 2018.
La primera adjudicación del contrato se produjo en noviembre de 2019. En septiembre de 2020, elTSJAvolvíaa advertiral Ayuntamiento de Algeciras: tenía que cumplir la sentencia de derribo. Y además lo apercibía: si no cumplía, los encargados de la ejecución de la sentencia se enfrentan a multas e incluso a la delimitación de responsabilidades pena les por no hacerlo.
El contrato existente no se había ejecutado y se decidió resolverlo de mutuo acuerdo, sin imponer penalización alguna al adjudicatario, que alegaba que no lo había cumplido por“la enorme complejidad técnica, la importante repercusión en los edificios colindantes (estado actual de los mismos y su compatibilidad de uso durante las obras de demolición) y las grandes dificultades que implica la ejecución de la demolición del aparcamiento”.
En abril de este año, el TSJA emitía una providencia en la que reclamaba al Ayuntamiento de Al geci rasque informe“pormenorizada y mensualmente” de los pasos seguidos para ejecutarla demolición de forma efectiva.