Cuatro décadas de la ley del divorcio, el germen hacia la igualdad

Este hito se aprobó en España en 1981 tras una dictadura que laminó los derechos de las mujeres

El 22 de junio de 1981 se aprobó en España la ley del divorcio, un hito histórico en una sociedad conservadora que salía de una larga dictadura y que supuso “el primer paso para caminar hacia la igualdad”, recuerda 40 años después una de sus principales impulsoras. A sus 86 años, Ana María Pérez del Campo, que sigue presidiendo la Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas, rememora por qué en pleno franquismo comenzó una lucha para conseguir una ley del divorcio y avanzar en la igualdad.

“Éramos menores para todo. Se necesitaba la autorización marital para abrir una cuenta de banco, para trabajar, viajar e incluso contratar un colegio”, explica.

A pesar de que la ley llegó en los primeros años de la democracia, su lucha comenzó mucho antes, bajo una dictadura que obligó a muchas mujeres a actuar con discreción y secretismo para no ser perseguidas. Pérez del Campo y su compañera Mabel Pérez Serrano consiguieron que su organización fuera autorizada en 1974 manteniendo oculto el verdadero fin que perseguían ante la Dirección General de Seguridad.

“Nunca dijimos el objetivo de nuestra organización –la aprobación de la ley del divorcio–, sino que iba a ser una asociación para que las mujeres abandonadas por sus maridos tuvieran alguien con quien estar y donde ir. Si no, no nos habrían hecho caso”, detalla.

Al no poder trabajar fuera de casa sin la previa autorización del marido, eran muchas las que no se atrevían a dar el paso de acudir a los tribunales para pedir la separación, porque no tenían recursos económicos, ni una pensión que les garantizara que iban a poder hacerse cargo de sus hijos, afirma.

“Las mujeres eran un cero a la izquierda, y ante eso puedes conformarte o dar la batalla para cambiarlo; y eso último fue lo que hicimos Mabel y yo”, relata.

Pérez del Campo rememora su experiencia, cómo tuvo que esperar nueve años desde que presentó la demanda de separación ante los tribunales eclesiásticos hasta que se la concedieron. El objetivo era no sólo legalizar la ruptura del matrimonio, sino poder formar una nueva familia y poder reconocer a los nuevos hijos.