UNA PREGUNTA INCÓMODA PARA SÁNCHEZ
COMO era de esperar la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, fue una mera escenificación de las intenciones de los dos ejecutivos de empezar un proceso de negociación cuyo último fin aún no se ha explicado con claridad a los ciudadanos. No son pocas las voces que se preguntan si el encuentro era pertinente en unos momentos en los que, pese al indulto concedido por Sánchez a los presos independentistas –condenados por delitos gravísimos, como sedición y malversación–, el nacionalismo catalán sigue exhibiendo una retórica agresiva y antidemocrática, con la que se alardea de haber “derrotado al Estado”. Una escalada verbal que, por cierto, no ha encontrado ninguna respuesta por parte del Gobierno de España, parapetado detrás de un artificioso discurso de la reconciliación y la negociación, palabras que apenas pueden ocultar el hecho de que, con su incomprensible actitud, Sánchez sólo pretende pagar el precio para seguir en el poder el máximo tiempo posible. El presidente olvida que representa al conjunto de la nación española y que con su política sólo consigue humillar la soberanía de todos ante un grupo de políticos nacionalista que intentó volar nuestro sistema democrático. Prácticamente al mismo tiempo que se producía la reunión, el Tribunal de Cuentas comunicó a más de 40 cargos independentistas de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont la obligación de entregar fianzas por un importe total que supera los 5,4 millones de euros. La sospecha más que fundada es que estos cargos emplearon grandes cantidades de dinero público para la promoción de la independencia catalana en el exterior. Es decir, que se usaron los impuestos de todos los españoles en destruir su propio país. El asunto es muy grave y coloca al Gobierno de Sánchez ante una pregunta incómoda: ¿qué es más importante, garantizar el correcto uso del dinero de todos o salvar una negociación cuyo verdadero fin no nos ha sido desvelado? Si, como parece claro, Sánchez está dispuesto a usar el problema catalán para su propio beneficio político, la pregunta se responde sola.
¿Qué es más importante, salvaguardar el correcto uso del dinero público, fruto del esfuerzo de todos, o salvar una negociación cuyo verdadero fin se desconoce?