El juicio de Invercaria por las ayudas a Fumapa se celebrará el 6 de octubre
● En esa fecha finalizará en otra Sala de la Audiencia de Sevilla el de la tercera pieza de la macrocausa, la llamada “de personal”
El cuarto juicio que se celebrará de la macrocausa de Invercaria ya tiene fecha. Arrancará el 6 de octubre para juzgar el préstamo que por un importe de 359.581,6 euros concedió la sociedad pública de capital riesgo a la empresa Fumapa y por el que se sentarán en el banquillo seis acusados, el ex presidente de Invercaria Tomás PérezSauquillo, los que fueran miembros del consejo de Administración Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martínez López, así como los empresarios Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha establecido un calendario de 14 sesiones para esta vista oral que arrancará el 6 de octubre y que está previsto que finalice el 27 de ese mes. Este juicio es el cuarto de Invercaria que llega a juicio y lo hará casi sin solución de continuidad con respecto a la tercera pieza de la macrocausa, la denominada pieza de “personal”, cuyo juicio se celebrará entre los días 13 de septiembre y 6 de octubre.
Esta cuarta pieza de Invercaria llega finalmente a juicio después de diversos avatares, puesto que inicialmente la vista oral se vio suspendida sine díe por la celebración del juicio por el procedimiento específico de los ERE, dado que uno de los acusados, el ex director de IDEA Jacinto Cañete, estaba procesado en la pieza política de los ERE, a pesar de que la instrucción de la pieza de Fumapa había finalizado en 2017.
Como curiosidad, el juicio será presidido por Juan Antonio Calle Peña, el magistrado que presidió el primer juicio de los ERE y que puede ser uno de sus últimos juicio, dado que se jubila anticipadamente en noviembre y la ponente de esta pieza es la magistrada Encarnación Gómez Caselles, que también conformó el tribunal que condenó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La ponente ha propuesto la celebración del juicio en tres sesiones semanales, con una duración de cuatro horas cada una, para “aprovechar de forma óptima los escasos recursos de los que disponemos” para llevar a cabo el juicio, según explica la magistrada en el auto en el que lo fija.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con los préstamos de 359.581,6 euros que concedió esta sociedad pública andaluza de capital riesgo a la empresa Fumapa.
El Ministerio Público solicita las mismas penas de seis años de prisión y 25 de inhabilitación para los miembros del consejo de Administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín López; mientras que a los administradores de Fumapa, Canales Rodríguez y Gutiérrez Cañizares, les ha pedido dos años y medio de cárcel y seis inhabilitación. A estos dos últimos acusados, los fiscales los consideran inductores de los delitos de prevaricación y malversación, apreciándoles además una circunstancia atenuante en su conducta prevista en el artículo 65.3 del Código Penal para “cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor”, lo que permite imponer la pena inferior en un grado.
Además de las penas de cárcel y de inhabilitación, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen a la agencia IDEA con 300.000 euros, puesto que, según apuntan las conclusiones provisionales, “el perjuicio total a Invercaria y a la agencia IDEA asciende a 359.581,60 euros, cantidad que, puesta en relación con los fondos propios de 2008 destinados a inversiones, suponen un daño relevante en las cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque”.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que Fumapa es una sociedad limitada constituida el 13 de diciembre de 1988, cuyo objeto social es entre otras la fabricación y venta de carpintería metálica y aluminio y cristal, cuyo capital social es de 45.436,52 euros. En fechas no determinada, los socios de Fumapa, Canales Rodríguez y Gutiérrez Cañizares, lograron una reunión en La Carolina (Jaén) con el presidente de Invercaria, Tomás PérezSauquillo.
Después, el 8 de abril de 2008, los empresarios se reunieron con Pérez-Sauquillo y personal de Invercaria para concretar la petición de inversión. En esa reunión no entregaron “más de dos folios manuscritos que contenían gastos entre 2005 y 2008, así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y Fumafra”, mercantil constituida por los mismos socios. El fiscal explica que a finales de 2006 tanto Fumapa como Fumafra presentaban fondos propios negativos por 27.644 y 165.037 euros, respectivamente, y ambas se encontraban en una situación económica “comprometida”.
El presidente de Invercaria, Pérez-Sauquillo, a pesar de ser “consciente de la irregularidad del inicio del trámite y de la inviabilidad de tal ayuda, hizo llegar su interés en que se analizara la inversión, dándose traslado de estos documentos a personal del departamento de Promoción, cuyo director era en esas fechas Cristóbal Cantos”, señala la Fiscalía.