El juicio contra Ángel Rodríguez de la Borbolla será en marzo de 2022
● La Fiscalía pide siete años de cárcel para el ex alcalde de Cazalla de la Sierra en una pieza de la macrocausa de los ERE
Un nuevo juicio de los ERE que ya tiene fecha para su celebración, aunque arrancará el año próximo. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 15 de marzo de 2022 el inicio del juicio contra el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta, en relación con las ayudas que por importe de más de 8 millones de euros recibieron las empresas vinculadas al corcho.
La Audiencia ha previsto que se celebren hasta 23 sesiones de este juicio entre los meses de marzo, abril y mayo de 2022, y en el que están acusadas seis personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.
En enero de 2020, el juez José Ignacio Vilaplana requirió a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que prestaran fianzas que oscilan entre 601.012 y 11 millones de euros con la finalidad de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, dado que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que este conglomerado de empresas del corcho percibió un total de 8.408.096,42 euros de subvenciones de la Junta.
Los seis procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín
Reclaman seis años para el actual alcalde del municipio sevillano, Sotero Martín Barrero
Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los seis investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín, Fernando Pedro Moreira; y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para los otros dos acusados, Manuel Enrique Rodríguez y Gerardo de la Cruz.
El escrito que firman las fiscales de Anticorrupción María José Sánchez Martínez y Nazaret Salguero, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la empresa Corchos de Cazalla que, junto a Cochos y Tapones de Andalucía (Cortansa), se encontraba en dificultades financieras que llevarían a la quiebra a esta última, se constituyó en noviembre de 1995 para la fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería. El acusado Rogelio Becerra, que “coincidió como concejal del Ayuntamiento de Cazalla” con Ángel Rodríguez de la Borbolla cuando era alcalde, era el administrador de la empresa desde 1998, mientras que Rodríguez de la Borbolla fue apoderado además de socio en más del 50% a partir de 2003.