Los 170 juicios de las macrocausas que anticipan un monumental atasco judicial
● La Audiencia de Sevilla sólo ha celebrado desde 2017 cuatro de estos procesos y sólo se han dictado dos sentencias ● Las sobresaturadas secciones penales han fijado otros 9 juicios hasta 2022
EL reciente señalamiento de un juicio de los ERE para septiembre de 2023 hizo saltar, de nuevo, las alarmas sobre el colapso de la Audiencia de Sevilla por las distintas macrocausas que llevan instruyéndose, en algún caso, desde el año 2011. En realidad, se trata de una cuestión que en los últimos años está generando una honda preocupación en la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que advertía ya el atasco que estos macroprocesos podían generar en las cuatro secciones de lo Penal de la Audiencia hispalense que están sobrecargadas de trabajo y tienen que celebrar los juicio por las instrucciones de los ERE, Invercaria, los cursos de formación, o las facturas falsas de UGT, entre otras de las denominadas macrocausas.
Si al inicio de estas investigaciones, el colapso se centraba en los órganos de Instrucción –en especial los juzgados números 6, 9 y 16–, a medida que los procesos están finalizando, ese atasco se ha trasladado ahora a los tribunales que tienen que celebrar los juicios, cuyos magistrados se encuentran como en la torre de control de un gran aeropuerto que tiene que gestionar numerosos aterrizajes y despegues en la época estival anterior al Covid, si se permite la comparación. Las cifras de las macrocausas anticipan, salvo que se adopten medidas urgentes –la cuestión no es nada fácil–, un monumental atasco de la Justicia en Sevilla durante los próximos años debido al enjuiciamiento y el dictado de estas sentencias.
MÁS DE 100 PIEZAS EN EL JUZGADO NÚMERO 6
Según los datos oficiales que ha recopilado este periódico, los juzgados de Instrucción de Sevilla acumulan hasta el pasado 30 de junio unas 170 macrocausas, la mayoría derivadas de la división en piezas del caso de los ERE, que es el más prolijo. Así, el juzgado de Instrucción número 6, que investiga los ERE, los cursos de formación y los avales de la agencia IDEA, entre otros procesos, tiene actualmente abiertas 83 diligencias previas y ha dictado 23 autos de procesamiento –autos de transformación de las diligencias en un procedimiento abreviado– del conjunto de las macrocausas. Es decir, sólo en este juzgado se acumulan 107 piezas “vivas”, además de contar con un procedimiento del jurado por el uso en clubes de alterne de las tarjetas de la extinta Fundación Andaluz Fondos de Formación y Empleo (Faffe). Y se han abierto unas 250 piezas de responsabilidad civil, para tratar de garantizar que los investigados pueden responder de las posibles indemnizaciones en caso de una hipotética sentencia condenatoria.
Además, desde el año 2016 hasta el pasado 30 de junio, el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha elevado a la Audiencia para su enjuiciamiento otros 30 “procedimientos abreviados” por otras tantas piezas separadas del caso de los ERE que están la mayoría a la espera de que se fije el inicio de la vista oral.
A las 107 piezas que están actualmente en tramitación en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hay que sumar otras tantas macrocausas que se investigan en otros órganos judiciales. Hay que contar, por tanto, con las 30 causas en las que se dividió la macrocausa por las presuntas irregularidades en las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad pública andaluza de capital riesgo Invercaria; más el caso de las facturas falsas de UGT-A, que está finalizado en el juzgado de Instrucción número 9, y otras
La Audiencia sólo ha celebrado cuatro juicios desde 2018 y tiene señalados otros nueve
La Fiscalía Anticorrupción ha calificado ya 44 causas para su enjuiciamiento
investigaciones que aún están en un estado más inicial como la de las ayudas de 80 millones a la empresa malagueña Isofotón –en el juzgado de Instrucción 3– o el presunto fraude en las ayudas de 16,5 millones a Green Power, que se tramita en un juzgado de Sanlúcar la Mayor.
El total de macrocausas que actualmente están en instrucción o a la espera de un futuro juicio asciende finalmente a un total de 170, si bien la cifra puede variar y en su caso reducirse si algunas de las investigaciones son finalmente sobreseídas o archivadas.
Otro dato que avala la magnitud del aluvión de juicios pendientes se obtiene de los procesos que ya han sido calificados por la Fiscalía Anticorrupción, es decir, aquellos sobre los que el Ministerio Público ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales solicitando la imposición de penas para los procesados. En este caso, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla
–que está integrada por seis fiscales– ha calificado ya 44 piezas de las distintas macrocausas de corrupción hasta el pasado 30 de junio.
CASOS ACABADOS, PERO NO ENJUICIADOS
En la instrucción de estas causas se han observado importantes avances en los últimos años que, sin embargo, no se han visto correspondidos de la misma forma con los enjuiciamientos por parte de la Audiencia.
Un ejemplo claro es la macrocausa de los ERE, donde de las 30 piezas que han sido elevadas para su enjuiciamiento desde el año 2016 hasta la actualidad sólo se han celebrado dos juicios –el del “procedimiento específico”, en el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán; y el de las ayudas de 2,9 millones a la empresa Acyco– y sólo se ha dictado una sentencia, dado que aún no se conoce el fallo del juicio de Acyco.
Lo mismo ocurre con la macrocausa de Invercaria, donde se han celebrado también dos juicios, por los préstamos concedidos a aceitunas Tatis y a la diseñadora flamenca Juana Martín, y en este caso sólo se conoce la sentencia de Tatis, mientras que aún no hay fallo de la Audiencia sobre el caso de la modista cordobesa.
Es decir de las principales macrocausas sólo se han celebrado en los últimos cuatro años, entre 2018 y 2021, cuatro juicios, con sólo dos sentencias, si bien es cierto que muchos señalamientos estuvieron paralizados a la espera de que finalizara el juicio de la “pieza política” de los ERE, que se prolongó durante un año y cuya sentencia llegó once meses después de que finalizara la vista, en noviembre de 2019, con lo que en la práctica el proceso se prolongó durante casi dos años y ahora sigue esperando a la resolución de los recursos de casación por parte del Tribunal Supremo.
MÁS DE UNA DÉCADA EN RESOLVER EL ATASCO
A este ritmo de enjuiciamiento de las macrocausas y si no se toman medidas para agilizar los señalamientos –hay quien apunta que es una cuestión de falta de jueces y otros que consideran que es necesario una mejor organización de los señalamientos de las Salas– el horizonte que se vislumbra para la Audiencia de Sevilla no es nada halagüeño.
Los más optimistas apuntan a que con este nivel de señalamientos la Audiencia de Sevilla podría tardar más de diez años en ponerse al día con los juicios derivados de las macrocausas.
El problema está en que cada juicio, por muy pocos acusados que tenga, puede tardar una media de entre dos y tres meses en celebrarse. Un ejemplo, la Audiencia ha señalado el juicio al ex alcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla, en el que hay seis acusados, para los meses de marzo, abril y mayo de 2022.
Cuando finalice esta vista, el tribunal necesitará su tiempo para dictar la sentencia y esto puede provocar casos como el del juicio por las ayudas de Acyco, que a pesar de haber finalizado en diciembre de 2020, hace más de seis meses, aún no tiene sentencia.
Y eso sin contar que otros juicios, debido a que la agenda de señalamientos está muy completa, ya están teniendo que ser fijados para septiembre del año 2023, dentro de más de dos años, como ocurre con el juicio de los ERE por las ayudas de casi 400.000 euros a la empresa EDM-Séneca.
DILACIONES INDEBIDAS, FALLECIMIENTOS Y LA MARCHA DE JUECES
Todo este embrollo y la congestión de las secciones Penales tiene evidentemente unas repercusiones. Desde el punto de vista penológico, la demora en el enjuiciamiento puede traducirse en rebajas de las penas para los acusados, debido a las dilaciones indebidas de los procedimientos.
Al enjuiciar casos más de una década después del inicio de la instrucción –se podría dar incluso la paradoja de que alguno fuese juzgado 15 o 20 años después– puede ocurrir, y de hecho ya está sucediendo, que algunos de los investigados fallezca a la espera de juicio. En el caso de los ERE hay más de 15 personas que han muerto, como el principal investigado, el ex director de Trabajo Javier Guerrero, y también está comenzando a pasar en los otros macroprocesos.
La situación es tan complicada que incluso algunos jueces de la Audiencia, exhaustos, han comenzado a tirar la toalla, solicitando nuevos destinos en otros órganos judiciales o acogiéndose a una jubilación anticipada porque consideran que en las actuaciones circunstancias laborales de la Audiencia no hay persona que pueda aguantar durante mucho tiempo.