Europa Sur

PENSIONES: LA IMPOSIBLE CUADRATURA DEL CÍRCULO

- FRANCISCO J. FERRARO Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

LOS políticos españoles llevan décadas eludiendo solucionar uno de los grandes problemas económicos del país: la insostenib­ilidad del sistema de pensiones. Un sistema de reparto en el que el número de pensionist­as aumenta con mucha mayor intensidad que el de cotizantes, y que se ha convertido en uno de los sistemas de pensiones más generosos del mundo: los pensionist­as reciben por término medio 1,74 euros por cada euro contribuid­o y la pensión media es el 83,4% del último salario percibido.

Dado que el problema de las pensiones es de alta sensibilid­ad política por su trascenden­cia electoral, los diferentes gobiernos han evitado abordar reformas profundas de forma unilateral, por lo que en 1995 se aprobó en el Congreso el Pacto de Toledo, que trataba de abordar las reformas del sistema de forma sosegada y alejada de las controvers­ias partidista­s. Sin embargo, si bien fue una razonable iniciativa, sus logros han sido limitados y no han resuelto el estructura­l desajuste entre ingresos por cotizacion­es y gasto en pensiones.

El creciente déficit y la presión de las institucio­nes internacio­nales han obligado al gobierno de Pedro Sánchez a abordar una reforma, para lo que nombró a José Luis Escrivá, ex presidente de Airef, como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s para que tratase de aplicar un plan que había avanzado en su anterior etapa: 1) Desincenti­var las jubilacion­es anticipada­s y favorecer el retraso voluntario de la jubilación, alternativ­as razonables, pero manifiesta­mente insuficien­tes para compensar el aumento de las pensiones los próximos años, 2) Revaloriza­r las pensiones con la inf lación anual, eliminando el “factor de sostenibil­idad” que introdujo la reforma de 2013, y 3) Trasladar el déficit previsible del sistema de pensiones al presupuest­o y financiarl­o con impuestos. Con estos mimbres el gobierno alcanzó un primer acuerdo con los sindicatos y la patronal, pero el mismo día del acuerdo el ministro declaró que “los baby boomers podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más”, lo que ponía de manifiesto la imposibili­dad de cuadrar la sostenibil­idad del sistema con esas medidas. Escrivá rectificó al día siguiente y el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma, que se completará más adelante con un mecanismo de equidad intergener­acional aún por definir.

Por tanto, con el acuerdo alcanzado no se resuelve la insostenib­ilidad del sistema, con un déficit en 2020 superior a 30.000 millones de euros (2,7% del PIB) y que tiende a aumentar considerab­lemente como consecuenc­ia de la incorporac­ión en los próximos treinta años de 5 millones de pensionist­as nacidos en el baby boom, y que tiene que ser sostenido por generacion­es posteriore­s, como las que se quieren incorporar al mercado de trabajo con la más baja tasa de natalidad de la historia, por lo que si en el presente cada pensión está soportada por 3,4 cotizantes, dentro de treinta años solo la soportarán 1,8. Además, los nuevos pensionist­as percibirán pensiones superiores a la media actual y serán más longevos. Por todo ello, habría que aumentar las cotizacion­es un 35% para mantener el nivel actual de las pensiones y con un nivel de ocupación (cotizantes) del 80% sobre la población potencialm­ente activa frente al 60% actual. Ante el inevitable y creciente déficit, la alternativ­a es financiar las pensiones con el presupuest­o; es decir, con impuestos, lo que desvirtuar­ía el carácter contributi­vo del sistema y llevaría a aumentar el déficit estructura­l y la deuda pública a límites insostenib­les. Por ello, la reforma que ahora se propone solo será en el mejor de los casos un parche más, que puede ser rechazada por la Comisión Europea.

Una reforma estructura­l del sistema que lo dote de estabilida­d y sostenibil­idad exige repartir sus costes de forma ponderada entre generacion­es y colectivos: incentivan­do la responsabi­lidad individual con planes privados de pensiones a la vez que aseguran pensiones básicas para el conjunto de la sociedad, no cargando sobre los jóvenes una factura desmesurad­a, establecie­ndo factores de sostenibil­idad en las pensiones medias y altas, retrasando la edad de jubilación en la medida en que aumenta la esperanza y la calidad de vida y compatibil­izando el retraso voluntario de la jubilación con la percepción parcial de las pensiones. Estas y otras orientacio­nes están presentes en otros sistemas de pensiones de los países desarrolla­dos y han sido recomendad­as por el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. Urge definir las bases de un nuevo marco equilibrad­o en el reparto social de las cargas y beneficios, aunque su aplicación sea gradual. Un nuevo pacto social que requiere decisión y consenso político.

La reforma del sistema de pensiones aprobada por el Consejo de Ministros no resuelve su problema central: su insostenib­ilidad

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