INSEGURIDAD NACIONAL
Afinales del pasado mes, el Consejo de Ministros aprobó el informe del anteproyecto de nueva Ley de Seguridad Nacional, de cuyo contenido nos ha dado cuenta oficiosa el diario El País (3/7/2021). En él, se establecen algunas medidas que, ya a primera vista, pueden considerarse fuertemente restrictivas de los derechos individuales consagrados en la Constitución. Así, en el supuesto de que en España se declarase un estado de crisis (“situación de interés para la Seguridad Nacional”, la llama el Anteproyecto), sea sanitaria, medioambiental, económica, financiera, etcétera, las autoridades podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes y a la suspensión de todo tipo de actividades, fijándose una indemnización para los perjudicados. También, aunque ahora sin resarcimiento, introduce la obligación de toda persona mayor de edad de realizar las “prestaciones personales” que se le exijan. Por último, con referencia a los medios de comunicación, se les impone el deber de “colaborar en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo”.
Añádase que está prevista su tramitación como ley ordinaria (y no con la mayoría reforzada de una ley orgánica) y que la declaración de excepcionalidad, con los importantes efectos vistos, se realizará mediante decreto, esto es, a través de una decisión que corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno.
Partiendo de la indefinición del propio concepto de “crisis” y constatada la absoluta falta de controles, a mí me parece que estamos ante una de las iniciativas más alarmantes puestas en marcha por el gobierno de Sánchez. A la luz de lo que vamos conociendo, sus mandatos podrían llegar a inutilizar conquistas democráticas esenciales. Disparates como la incautación del ahorro privado no son impensables en el marco legislativo que hoy se bosqueja. Estamos ante preceptos que erosionan el valor supremo de la libertad, sólo justificables en coyunturas extremas, perfectamente acotadas y cuya ejecución se rodee de las máximas garantías. De momento, no es lo que dejan traslucir sus preceptos. De ahí el título y la preocupación: reforzar la seguridad incrementando la inseguridad, lejos de servir al interés nacional, diríase que impulsa otros propósitos menos acordes con el bien común. Quedan, pues, avisados: ya está en marcha una herramienta que, si no lo impedimos, tal vez acabe convirtiéndonos, otra vez, en inermes y sacrificados súbditos.