El G-20 refrenda elevar la fiscalidad a las grandes multinacionales
● Los países esperan que se unan al pacto estados reticentes como Irlanda y Hungría
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 aprobaron ayer el mecanismo sobre fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio en el marco de la OCDE y ahora se centrarán en convencer a los países que aún muestran reticencias para que se sumen.
“Este es el resultado de un esfuerzo común. Espero que los países que no se han sumado cambien su decisión”, declaró el ministro italiano de Finanzas, Daniele Franco.
En la Unión Europea, Irlanda, Hungría y Estonia, que han atraído durante años la inversión privada por sus tipos tributarios bajos, han mostrado sus dudas para adherirse a este mecanismo, pero el ministro italiano confió en que “cambien de opinión”.
También la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dij en un encuentro con la prensa que los países del G20 intentarán entender hasta octubre las reticencias de Estados como Irlanda, Estonia o Hungría para sumarse al acuerdo global de imposición a multinacionales, pero matizó que no es esencial que todos se unan. El acuerdo alcanzado en el G-20 es “histórico”, según remarcaron los ministros y banqueros en la declaración final, porque tratará de evitar que las multinacionales se alojen en paraísos fiscales y eviten pagar impuestos.
El sistema fiscal se sustenta en dos pilares; el primero concierne a todas las compañías con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y con una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10%. Los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250.000, en el caso de pequeños Estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar.
Lo que se repartirá entre ellos es entre un 20 % y un 30 % del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10 % de la rentabilidad.
El segundo pilar es aplicar un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15 % a las empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros.
La cifra seguirá siendo objeto de debate, después de que países como Francia, Alemania, Argentina o Estados Unidos hayan pedido que sea más ambiciosa, por encima del 15%.