Belarra pretende ampliar a seis meses los permisos por nacimiento
● La ministra de Derechos Sociales anuncia también su intención de poner en marcha una prestación por crianza ● Lamenta la insuficiente inversión de España en políticas sociales de familia
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció ayer la intención del Gobierno de ampliar hasta los seis meses los permisos de padres y madres por elnacimiento y el cuidado del menor, actualmente de 16 semanas, y de poner en marcha una prestación por crianza de carácter universal. “Este Ministerio, con el de Igualdad, va a trabajar para que los permisos se amplíen a los seis meses y para extender la educación infantil de 0 a 3 años en la red pública de escuelas infantiles”, aseguró la titular de Derechos Sociales en una jornada sobre la ley de Diversidad Familiar, que el Gobierno espera que esté lista a final de año.
Para Belarra, el Gobierno tiene “una cuenta pendiente con las familias de recién nacidos” y sus problemas “para conciliar en los primeros años de vida” o poder llevar a cabo la lactancia materna exclusiva e incorporarse al trabajo.
La ministra de Derechos Sociales avanzó algunos aspectos de la futura ley para proteger a todas las familias durante la inauguración, con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, del acto Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias: Reconocimiento de la diversidad y protección de todas las familias y la infancia. Entre ellas, el carácter universal de una prestación por crianza que incorpora la ley, que no dependerá de la cotizaciones de los padres y compatible con otras prestaciones, detalló Belarra. También incluye la posibilidad de que las madres que crían solas a sus hijos puedan disfrutar del permiso de maternidad y “el del otro progenitor”.
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, se refirió además a “un permiso remunerado para el cuidado”.
“La ley mejora en la financiación las políticas públicas”, que se verán reflejadas en los presupuestos del Estado, en la línea de recomendación de la OCDE y de otros organismos internacionales, señaló Álvarez.
Para Belarra, la ley debe incluir “una definición de familia inclusiva”, que reconozca la diversidad para que “todas las familias sean no sólo legítimas, sino iguales en derechos”. “Debe desarrollar mecanismos de protección a las familias LGTBI, las acogedoras, de partos múltiples y las que salen de la violencia”, explicó la ministra.
“Este reconocimiento no sólo es una obligación, sino que es una urgencia y una necesidad ante la normalización de discursos de odio que son el caldo de cultivo para el repunte de la violencia machista, contra el colectivo LGTBI y las personas racializadas que está viviendo nuestro país”, añadió.
Belarra lamentó la insuficiente inversión de España en políticas sociales de familia –un punto menos del PIB que la media europea, 11.000 millones menos– y apostó por alcanzar el nivel de los países de nuestro interno para “saldar la deuda del Gobierno con la protección de las familias”.
“Este Gobierno debe ser humilde y consciente de lo que falta por hacer; no hemos llegado a mucha gente” con el escudo social, admitió Belarra, quien recordó que la tasa de pobreza se dispara en el caso de un progenitor hasta el 46%.