Los puntos de la propuesta: definición de agricultor activo, ‘capping’, convergencia, olivar tradicional...
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación resume en 49 puntos los parámetros que tienen que dirigir el Plan Estratégico Nacional de la PAC.
El principal bloque es el del primer pilar de la PAC, en el que se detalla que, dentro de las ayudas directas –desvinculadas de la producción–, se reserva el 60% a la renta básica para la sostenibilidad y a la ayuda complementaria redistributiva para la sostenibilidad (pago redistributivo) una sexta parte de la ayuda básica a la renta, equivalente al 10% del total de las directas.
En cuanto a la definición de “agricultor activo”, los beneficiarios deberán cumplir con la condición de estar afiliado a la Seguridad Social agraria por cuenta propia cuando al menos el 25% de sus ingresos totales sean de dicha actividad o a quienes reciban un importe anual en concepto de ayudas igual o inferior a 5.000 euros.
El importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros. Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. Se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas.
El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se distinguirá por regiones, que se reducirán a un máximo de 20. A partir de
2023 la ayuda se concederá sobre la base de los derechos individuales de pago que estén asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña de 2022. El valor nominal de cada derecho de pago convergerá hacia el valor medio de cada una de la regiones establecidas, en cinco etapas iguales, comenzando la primera en 2022. En todo caso, la convergencia continuará a partir de 2027, para llegar en 2029 a la convergencia plena.
Hay además una intervención sectorial al olivar tradicional a través de organizaciones de productores, con una aportación del 0,62 % de los fondos.