UNA NUEVA LEY DE SUELO NECESARIA PARA ANDALUCÍA

EL Parlamento andaluz ha desbloqueado antes de irse de vacaciones la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la nueva norma urbanística que derogará otras dos anteriores de 1994 y 2004 y que trata de poner orden en el laberinto administrativo que supone en la actualidad para un Ayuntamiento aprobar un plan general. A diferencia de lo sucedido hace dos meses, en este segundo intento, el PSOE se ha abstenido y Vox, que también había votado en contra, ahora la ha respaldado. Una vez rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Adelante Andalucía, la norma comienza su debate en la comisión parlamentaria y es de esperar que la próxima primavera pueda ser aprobada en el Pleno. Se despeja de esta forma la amenaza solapada de un adelanto electoral en la región con el que se había especulado si Juanma Moreno veía frenada una de las leyes estrella de su mandato. Un juego peligroso y con tinte partidista en el que han participado algunas formaciones. Porque incluso los socialistas son conscientes de la necesidad de poner orden en la maraña burocrática en la que se había convertido el urbanismo en la región. El propio líder socialista, Juan Espadas, ha admitido que una parte sustancial de la nueva ley se asemeja a la que se quedó pendiente con la disolución del Parlamento en la anterior legislatura.

La Lista pretende reducir a una cuarta parte los ocho o diez años que ahora necesita un Ayuntamiento para ver aprobado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La necesidad de elaborar múltiples informes sectoriales con la participación de diversas consejerías alarga los plazos. Pero tampoco hay que olvidar que el barro de las normas que ahora se quieren reemplazar son fruto de los lodos de los innumerables casos de corrupción urbanística que asolaron a la región en la década de los 90 y que la Junta en su día fue incapaz de atajar. Aún hoy quedan decenas de miles de viviendas ilegales pendientes de una solución. La futura ley de suelo debe ser ágil porque se presume vital para la reactivación económica de la comunidad. Pero también sostenible y con garantías suficientes de control. Su importancia exige el mayor consenso posible.

Había necesidad de poner orden en la maraña burocrática en la que se había convertido el urbanismo en la región