La juez paraliza el rescate de la SEPI a Plus Ultra y pide que se justifique
La aerolínea garantiza que entregará la documentación necesaria para que se abonen los 34 millones que debe recibir
Los tribunales de Justicia han paralizado el polémico rescate público de Plus Ultra y le concede a la aerolínea cinco días para que justifique la necesidad de que se le entreguen los 34 millones de euros que aún debe recibir del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para socorrer a empresas estratégicas y viables azotadas por la pandemia.
El pasado marzo, un año después de la irrupción de la pandemia, el Gobierno aprobó inyectar 53 millones a través de dos créditos para rescatar a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones. El hecho de que la empresa lleve años acumulando pérdidas y su tamaño sea relativamente reducido ha desatado dudas sobre su carácter estratégico y la conveniencia del rescate, que incluso ha llegado a los tribunales.
Ahora, la magistrada Esperanza Collazos reclama a la aerolínea –que vuela semanalmente a Perú, Ecuador, Venezuela y China, entre otros destinos– que a más tardar el martes acredite la necesidad de recibir los 34 millones que aún no ha ingresado, algo que la empresa está determinada a hacer “debidamente”. “La financiación es imprescindible para dar cumplimiento al Plan de Viabilidad, tal y como se aprobó por el Fondo de Apoyo a la Solvencia (...), tras el grave impacto sufrido por la pandemia” y para mantener los 354 empleos directos y más de 2.500 indirectos que genera en España, ha dicho hoy la compañía en un comunicado.
En declaraciones a Efe, un portavoz de la compañía aseguró que colaborarán con la Justicia para que el 27 de julio se haya presentado la información requerida, que ya fue validada por la consultora Deloitte, el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en el proceso que se siguió para lograr el rescate.
Fuentes cercanas a la SEPI explicaron que fue el pasado 14 de julio, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, cuando puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar el préstamo participativo de 34 millones, cuyo pago estaba previsto para el 28 de este mes.
Además la empresa públicasolicitó un informe a la consultora Deloitte, asesor jurídico de la operación, y a la abogacía del Estado. La primera concluyó que no existía impedimento legal alguno para abonar la cantidad pendiente y la segunda advirtió de que sin ese desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea, aunque recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.