El Puerto de Algeciras pide ayuda para evitar la fuga de contenedores
● Una propuesta de la Comisión Europea amenaza con llevarse los buques a Tánger ● La Organización Europea de Puertos exige que se proteja un “punto estratégico”
El Puerto de Algeciras advirtió ayer de que la imposición de aranceles por la aplicación del plan de descarbonización de la Unión Europea (UE) en el transporte marítimo amenaza con llevarle a perder competitividad en el Estrecho a corto plazo.
La presentación por la Comisión Europea de un proyecto de legislación que impondría un límite máximo para el contenido de gases de efecto invernadero en la energía utilizada por los buques que hagan escala en puertos europeos tiene muy preocupada a la APBA y a los empresarios de la Bahía algecireña.
La propuesta inicial tendría un previsible impacto negativo en los transbordos de los puertos del Sur de la UE, tráficos estratégicos para controlar la cadena logística europea, según detalló Landaluce, “debido a que se produciría una fuga de escalas a puertos cercanos no europeos para disminuir el pago de los derechos de emisión”.
Así lo explicaron el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, y la secretaria general de la Organización Europea de Puertos (ESPO), Isabelle Ryckbost, tras una reunión en la que participaron representantes de varias asociaciones portuarias de la ciudad (Comport, Ateia y Apemar), así como de las terminales de TTI Algeciras y APM Terminals Algeciras para analizar el efecto de la nueva legislación europea –presentada el pasado día 14 y todavía por aprobar– en los muelles del sur de Europa.
Ryckbost se desplazó a Algeciras para entregar a Landaluce un cuadro de la artista holandesa Sasja Hagens que reconoce a la APBA como ganador del Premio ESPO 2020, logrado por su “ejemplar” fomento de la integración de las empresas innovadoras y emprendedores locales en el ámbito portuario. La ceremonia se celebró online el pasado mes de noviembre por las restricciones derivadas de la pandemia.
La Comisión Europea presentó a mediados de julio la propuesta Fit For 55 (En forma para el 55), un plan en línea con el Green Deal o Pacto Verde Europeo para que la UE reduzca en 2030 sus emisiones equivalentes de dióxido de carbono (CO2) al menos en un 55% con respecto a 1990 como paso intermedio para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Uno de los puntos que más afectan al transporte marítimo es la propuesta para su inclusión en el sistema de comercio de emisiones de CO2 de la Unión Europea (EU Emission Trading System). Esto significa que las navieras tengan que pagar los derechos de emisión al completo en los desplazamientos entre puertos de la UE y la mitad en el caso de las conexiones hacia o desde puertos de fuera de la UE. Afecta con especial incidencia a los buques mayores de 5.000 toneladas de registro bruto.
Es decir, realizar una operación de trasbordo en Algeciras costaría a una empresa más que hacerlo en Tánger-Med, por ejemplo, lo que supondría un grave agravio que beneficiaría al puerto marroquí.
La normativa, que Ryckbost calificó de “muy compleja”, está todavía pendiente de su aprobación en el Parlamento Europeo antes de pasar por los países afectados para recibir también el visto bueno. Entre uno o dos años tardaría en ponerse en marcha y se introducirá gradualmente en otros tres más. El plan es, por tanto, comenzar en 2023 con un 20% de la actividad, para llegar al 100% en 2026.
La representante de ESPO explicó que los puertos europeos están completamente a favor e involucrados en estos objetivos medioambientales, pero piden que se tengan en cuenta las consecuencias para el sector.
Existen, explicó la secretaria general, diferentes propuestas para su aplicación y algunas de ellas muy estricta. Por ejemplo, si un buque no paga lo que le corresponde durante dos años, los estados miembros deben denegar la entrada a cualquier puerto europeo a cualquier buque operado por la naviera responsable.
“No queremos una legislación que nos saque del entorno de leal competencia en que nos encontramos”, ref lexionó Landaluce sin hacer referencia explícita a la posible fuga de buques al puerto marroquí de Tánger-Med, donde no se aplicaría la normativa. “El transbordo es muy importante y hay que protegerlo, porque nos da volumen de actividad y, sobre todo, conectividad con más de 200 puertos a nivel internacional. Gracias a esa potencia los tiempos de tránsito son reducidos y podemos ofrecérsela a los clientes, empresas andaluzas, españolas y europeas que importan y exportan a través del Puerto de Algeciras. Además, representa control de la cadena logística, clave en tiempos de pandemia. Europa tiene que apoyar para que el trasbordo esté en manos de puertos europeos”, apostilló.
Al haberse incluido las emisiones de las rutas entre puertos europeos y no europeos, Bruselas reconoce también que el transporte marítimo internacional debe estar sujeto a objetivos de reducción de emisiones. La mayoría de las emisiones procedentes de las navieras que operan grandes portacontenedores se producen en estos desplazamientos internacionales.
El sector portuario reclama que se facilite el acceso a la financiación de buques y equipos que “mejoren la eficiencia energética” en un contexto en que gran parte de las empresas aún están gestionando el fuerte impacto económico de otras normas medioambientales ya existentes.
En la mayoría de los fletes por tiempo, se dejará que el propietario del buque pague la factura en lugar de que lo haga el operador, que es quien toma las decisiones sobre el uso de combustible, la velocidad, el volumen de carga y el itinerario.
El alcance limitado de la propuesta en comparación con el Reglamento para el Seguimiento, comunicación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono procedentes del transporte marítimo, retrasaría las inversiones en este campo y puede socavar los esfuerzos de la UE.
Los puertos reclaman que se facilite además el cumplimiento de una normativa que implica por ejemplo que los buques tengan acceso a un suministro de electricidad limpia en los principales muelles.