Derecho a Morir denuncia problemas “sangrantes” tras legalizarse la eutanasia
● La asociación critica la lentitud de algunas comunidades al atender el centenar de peticiones recibidas
La ley que despenaliza la eutanasia entró en vigor hace algo más de un mes, pero “la situación es caótica y penosa” y las entre 70 y 100 personas que han solicitado o intentan pedir ayuda para morir en España se están encontrando con dificultades “sangrantes”, según el presidente de Derecho a Morir Dignamente, Javier Velasco.
En una entrevista con Efe, Velasco apunta a la lentitud de algunas comunidades autónomas que ni siquiera han puesto en marcha las comisiones encargadas de evaluar las solicitud, a la falta de información de los médicos, la imposibilidad de acceder a los documentos necesarios para demandar esta ayuda e incluso el impacto del periodo vacacional en los centros sanitarios.
“Aunque toda ley cuesta ponerla en práctica, las comunidades autónomas tenían que haberlo previsto. Son muy pocas las solicitudes; calculamos, por los datos que tenemos, que son entre 70 y 100 las que se encuentra en trámite de presentarse”, apunta el responsable de una asociación que luchó durante décadas por la legalización de la ayuda a morir en España.
A su juicio, dilatar la espera “tremendamente injusto e inhumano porque las personas que solicitan ayuda para morir están viviendo situaciones de extremo sufrimiento”.
“Es verdad que son muy pocos los casos, pero eso hace más sangrante que muchos se enfrenten a dificultades incluso para encontrar la solicitud de su derecho a morir”, continúa.
Cuarenta días después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, sólo se ha conocido el caso de una mujer de 86 años que ha recibido ayuda para morir en el País Vasco, un caso que se realizó en menos de un mes.
Sin embargo, el ejemplo vasco no cunde, asegura el presidente de Derecho a Morir Dignamente, quien lamenta la lentitud de las administraciones autonómicas a la hora de poner en marcha los mecanismos para poder hacer efectivo este derecho, incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Para empezar, según sus datos, Asturias, La Rioja, Andalucía y Navarra aún no han constituido sus comisiones de garantía y evaluación, que han de estar compuestas por personal médico, de enfermería y juristas y que son las responsables en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia.
Andalucía aún no ha constituido sus comisiones de garantía y evaluación