Reclamación millonaria por una urbanización fallida en San Roque
Realia pedirá daños y perjuicios pero no especifica a qué administración
El Ayuntamiento señala a la Junta como responsable del carpetazo a los trámites
La inmobiliaria Realia reclamará una compensación por daños y perjuicios al haber visto truncado su proyecto para levantar una macrourbanización en la finca Guadalquitón de San Roque, colindante con Sotogrande.
El grupo promotor, que llevaba años tramitando un plan parcial para edificar en esa zona hasta 1.644 viviendas, 459 apartamentos turísticos (para 1.102 plazas) y 2.602 plazas hoteleras, prepara un expediente que se prevé millonario, según ha publicado este viernes el diario económico Cinco Días. No ha trascendido a qué administraciones se dirigirá, si bien las entidades implicadas en la tramitación urbanística son la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque.
Guadalquitón suma 201,55 hectáreas pegadas a la urbanización de lujo de Sotogrande, donde Realia pretendía emular un desarrollo de excelencia que se ha visto frenado por motivos ambientales. Los suelos forman parte del Parque Natural de Los Alcornocales desde 2017. Y, además, desde que comenzaron los trámites para la promoción (hace casi veinte años, judicializados y reiniciados varias veces), la ley regional se ha endurecido. El paraje cuenta con una densa masa boscosa de alcornocal costero única en Europa.
La compañía ha desvelado en su informe de resultados semestrales ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pedirá una compensación, aunque sin precisar a quién. La empresa detalla que durante el primer semestre ha recibido notificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Roque por el que se le denegaba la aprobación definitiva del plan parcial para la finca, subraya Cinco Días.
La decisión municipal se sustenta en otra de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz, que consideró en 2019 que el Plan Parcial del Sector 01 del PGOU de San Roque (que afecta a la zona) era “medioambientalmente inviable”.
Desde septiembre de 2017, esta finca está enmarcada en el Parque Natural de Los Alcornocales, por lo que se trata de un espacio protegido. En marzo de 2017, la empresa Guadalquitón Inversiones había solicitado a la Junta el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para su proyecto necesario para el plan parcial. Realia es el principal propietario de los suelos, junto con otros particulares.
La inmobiliaria explica que la finalización de la tramitación del plan parcial ya se ha recurrido por la vía de lo Contencioso-Administrativo, así como la propia ampliación del parque natural. Realia justifica su decisión de reclamar porque la denegación ha supuesto que la edificabilidad estimada de la cartera de suelo actual de la compañía haya disminuido en 291.442 metros cuadrados, según el diario económico. “Por ello, la compañía ha iniciado una reclamación como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”, anuncia en ese documento a la CNMV recogido por Cinco Días.
La edificabilidad del suelo alcanzaba los 362.000 metros cuadrados, de los que un 52% se correspondía con residencial, el 25% a hotelero, el 19,6% a apartamentos turísticos y el 11,75% está destinado a superficie comercial.
El alcalde accidental de San Roque y teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha señalado este viernes a la Junta de Andalucía como la entidad responsable del carpetazo al proyecto de Realia para urbanizar en Guadalquitón.
“El Ayuntamiento ha tramitado todo lo que se le ha presentado, en este caso el plan parcial, aunque los condicionantes dependen de una administración supramunicipal como es la Junta. El Ayuntamiento había perfilado el plan rebajando notablemente los niveles de edificación presentados originalmente por Realia para dar respuesta a los requerimientos ambientales de una zona con gran valor ecológico”, ha explicado Ordóñez a Europa Sur.
El concejal sanroqueño de Urbanismo destaca que aunque la potestad de cambiar la clasificación del suelo es municipal (sigue siendo urbanizable por el PGOU de 1987 y el texto refundido de 2002), la protección de los terrenos fue voluntad y competencia de la Junta.
Por ello, Ordóñez augura que el asunto acabará en los tribunales. “El Ayuntamiento está muy tranquilo y seguro de su actuación en este ámbito”, ha zanjado. El edil también ha explicado que el Consistorio tenía un 10% de los aprovechamientos, algo que tocará resolver en los próximos meses.
Desde la Junta de Andalucía han declinado la posibilidad de valorar una posible reclamación de Realia, a expensas de conocer si se materializa. No obstante, fuentes de la Administración regional han subrayado a Europa Sur que no solo la ampliación del parque natural ha pesado en el freno al proyecto. Estas mismas fuentes han argumentado que desde los años 80 el suelo es urbanizable, si bien los promotores se pusieron en marcha con los trámites en 2003 solicitando el primer informe ambiental, que resultó desfavorable. Un recurso de los promotores anuló aquella decisión “por un defecto de forma” si bien instaba a que se reiniciara el proceso.
Entre medias, han apostillado desde la Junta, la ley ambiental se endureció. Y, además, ya en 2017 se ampliaron los límites del parque natural (bajo la administración encabezada por Susana Díaz). “Hay condicionantes por el parque natural, pero no son los únicos”, han precisado desde la administración regional.