Las auditorías abogan por privatizar la promoción de turismo de Inturjoven
● El examen de Deloitte señala las duplicidades con el Instituto Andaluz de la Juventud y admite que la entidad se dedica a atender a colectivos vulnerables o desfavorecidos
Los albergues gestionados por Inturjoven adquirieron notoriedad en los primeros momentos de la pandemia porque algunas de estas instalaciones públicas, como la de Almería, se medicalizaron para trasladar allí a personas mayores de residencias. Esta empresa pública nació en 1990 con el objetivo de promocionar el turismo juvenil y se encarga de la gestión de 20 instalaciones –otras cinco están cerradas o son inoperativas–, pero la auditoría externa encargada por el Gobierno andaluz en octubre de 2019 ha revelado que lleva tiempo dedicándose a labores “no ligadas al fomento de turismo joven”. Por esta razón, el examen realizado por la consultora Deloitte sugiere que la Junta debería plantearse ceder la promoción del turismo entre los jóvenes a la iniciativa privada.
Inturjoven, continúa el examen externo, “está dejando de invertir recursos y esfuerzo” para atender a otro público objetivo. Y estas nuevas tareas están más relacionadas con la consejería a la que esta sociedad estaba adscrita hasta septiembre de 2020, la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Entonces,
en una polémica remodelación del Gobierno que restó competencias al departamento de Rocío Ruiz, Inturjoven pasó a depender de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de Rocío Blanco. Se explicó el cambio con un mayor fomento del empleo joven en un momento en el que el porcentaje de menores de 25 años roza el 50% en Andalucía.
Pese a ese traslado hasta el 80% de las campañas de Inturjoven
El Gobierno de PP y Cs creó una gerencia con un sueldo de más de 60.000 euros al año
no están relacionadas con el turismo joven, sino que se encaminan a políticas propias del departamento de Rocío Ruiz, como la atención a menores extranjeros no acompañados, refugiados de conflictos bélicos, personas mayores, con discapacidad o del colectivo LGTBI. También hay actividades dedicadas a las comunidades andaluzas en el exterior, las organizaciones de voluntariado o las entidades de participación juvenil o de mujeres.
“La realidad que demanda el turismo joven se aleja del modelo actual de alberguismo que ofrece el sector público”, señala el examen realizado por Deloitte, que, no obstante, reconoce que la ocupación media de los 20 equipamientos que gestiona Inturjoven está en la media nacional para este tipo de instalaciones. La media en 2018 fue del 33% y un 32% en 2019, en ambos casos por encima de la media nacional, del 27% y el 29% respectivamente.
“Sin embargo, son niveles medios bajos para mantener los costes de estructura”, añade el examen externo, que pone de manifiesto que hay grandes diferencias entre los que están ubicados en zonas de costa o en ciudades monumentales. La muestra es que en 2019 sólo los albergues de Sevilla y Torremolinos alcanzaron el equilibrio entre gastos e ingresos, quedándose a punto de conseguirlo los de Chipiona y Marbella. Gran parte de este desequilibrio tiene que ver con que el coste de personal suele ser elevado y, de hecho, en 2019 cuatro de los albergues (Almería, Constantina, Huelva y Cazorla) ya agotaron su presupuesto de ingresos con el pago a sus plantillas. Parte del agujero económico que la auditoría detecta en Inturjoven tiene que ver con los costes fijos derivados de los cinco equipamientos cerrados o que no se han puesto en uso, como el campamento de Chipiona o un terreno en una urbanización de lujo en Mijas con altos costes de comunidad y cuya puesta en uso supondría una alta inversión.
Como ocurre en la mayoría de las 54 auditorías impulsadas por el Gobierno de PP y Cs, las consultoras externas han detectado duplicidades en Inturjoven. Concretamente con el Instituto Andaluz de la Juventud, que es el organismo al que está adscrito. De hecho el paso a Empleo desde Igualdad es una consecuencia del traspaso del IAJ. Por este motivo, la auditoría aboga por una “integración global de las competencias” de la sociedad que gestiona los albergues con el IAJ.
La auditoría también detecta duplicidades dentro de Inturjoven que también servirían para reducir gastos en esta sociedad mercantil. La propuesta de Deloitte pasa por unificar los puestos de director, personal de mantenimiento y gobernanta en aquellas provincias donde haya más de un albergue si la carga de trabajo permitiera esta reducción. También se propone analizar la carga de trabajo en otras áreas y fusionar los puestos de aquellos casos en los que se detecte “ociosidad”.
En 2019, el último año analizado, 309 personas trabajaron en Inturjoven, tres altos directivos, 24 directivos, 20 técnicos, 21 administrativos, 123 profesionales cualificados y 118 sin cualificar. Llama la atención que en ese 2019, el primer año del Gobierno de PP y Cs, se crearan tres puestos de altos directivos antes inexistentes y con sueldos que van desde los 51.230 euros anuales a los 62.450. El resto del personal directivo, cuyo número se redujo de 26 a 24 entre 2018 y 2019, tiene sueldos que van desde los 32.415 euros anuales de los directores de albergue a los 46.820 de los jefes de área.
Sólo los albergues de Sevilla y Torremolinos tuvieron más ingresos que gastos en 2019