“El refuerzo de jueces y fiscales en el Campo de Gibraltar sigue siendo insuficiente”
● “Me ha hecho una gran ilusión que la Guardia Civil me conceda su Cruz de Plata, sirve de aliciente y empuje” ● “España se está convirtiendo en un país gran productor de marihuana”
—¿Qué significa para usted recibir la Cruz de Plata de la Guardia Civil?
—Pues es una satisfacción porque es un reconocimiento no tan habitual como la Cruz de Honor, esto ya reconoce una labor de más trascendencia. Teniendo en cuenta las dificultades que tenemos en este trabajo pues por lo menos sirve de aliciente y empuje para seguir adelante. Me ha hecho mucha ilusión.
—¿Le ha supuesto mayor esfuerzo tener que ocuparse también, además de su cargo como fiscal delegada antidroga de la provincia de Cádiz, de la Fiscalía Antidroga de Andalucía?
—Bueno, más trabajo sí, porque además de mi labor en la provincia, donde también llevo causas concretas, supone la coordinación con mis compañeros delegados de otras provincias, que son todas de especial dificultad, porque todas tienen esa carga de trabajo en esta materia, y tenemos que coordinar aspectos que son fundamentales para la unidad de actuación del Ministerio Fiscal claro, para que todos actuemos de la misma manera en todo el territorio, o al menos de la manera más parecida. Hay muchas dificultades no sólo jurídica sino operativa en cuanto a falta de medios, no sólo en juzgados y tribunales, sino en los depósitos de bienes, en la destrucción de la droga, en fin, muchísimos problemas urgentes que hay que ir resolviendo entre todos y que suponen bastante carga de trabajo añadida.
—Estamos viendo grandes golpes contra las ramas financieras de los clanes del narcotráfico en la provincia, sin ir más lejos el pasado lunes se desmontó un grupo que pretendía blanquear 123 millones de euros. ¿Tienen claro que o se les ataca donde más les duele o esta guerra no se acaba nunca?
—Es la forma más directa de intentar acabar con esto. Lo que pasa es que se puede acabar con los grupos que están ahora operativos, pero con la cantidad de dinero que se mueve siempre surgen otros que ocupan su lugar. En este sentido sí que es verdad que se han aumentado las investigaciones y los grupos que se dedican a esto especialmente. Hay varios grupos dedicados al blanqueo de capitales que están haciendo unas investigaciones patrimoniales muy profundas, aparte del dinero que se coge luego escondido, que es difícil de encontrar también. Hay muchos grupos que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo y eso es difícil de detectar, salvo que entres en un piso y tengas la suerte de encontrártelo. Pero sí que se hacen muchas investigaciones de blanqueo, pero hay mucha documentación para estudiar, además tardan en los juzgados en instruirse , en fin que es complicado con el sistema que tenemos.
—En una de sus últimas visitas a la provincia de Cádiz el ministro del Interior indicó que el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar también incluía los refuerzos paulatinos a los juzgados. ¿Cree que será posible?
—El problema es que el ministro del Interior no tiene competencias en justicia. Esto depende tanto del Ministerio de Justicia como de la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en cuanto a dotación de medios y de funcionarios. Ese es uno de los problemas principales, porque aquí deberían aunar esfuerzos las dos administraciones. Es verdad que hacen falta más juzgados. También es verdad que se han incrementado las plantillas de fiscales y los juzgados en el Campo de Gibraltar en estos dos últimos años, en Chiclana también hay un juzgado más, pero sigue siendo insuficiente. Porque en el Campo de Gibraltar, antes de que se instaurara este Plan de Seguridad ya existía una falta de medios desde hace tiempo. Si tienes un juzgado pero no funcionarios no hay manera de que funcione. Si a un juzgado pequeño le llega una causa con 120 investigados lo colapsa.
—Ya, pero es que nosotros tenemos que partir de la base de que la Policía y la Guardia Civil hacen su trabajo y nosotros el nuestro. Ellos tienen su punto de vista y nosotros tenemos que ser los que acusamos y tener la seguridad de que hay una probabilidad real de que a esa persona que estamos acusando la van a condenar. Entre cien detenidos a lo mejor podemos tener la condición moral de que algunos pueden ser los autores pero si no tenemos suficientes pruebas no podemos pedir prisión para una persona sin garantías. No es lo mismo tener a una persona en libertad condicional y que cuando llegue el juicio lo absuelvan a tenerla en prisión y que luego no se le declare culpable. Por eso están los fiscales, de lo contrario no harían falta.
–Pues básicamente. La gente no lo entiende, pero es que por ejemplo está estipulado que no se puede tener más de dos años en prisión provisional a una persona a espera de juicio, en el que no sabes si te van a condenar. Es una situación que no debería ser lo habitual. Aquí lo normal es que los juicios tarden tres o cuatro años. La prisión provisional tiene un límite, son dos años, prorrogables hasta cuatro por tráfico de drogas. Se supone que el estado tiene que ser capaz en esos plazos de acabar las causas. Si no es capaz la culpa no es de los jueces ni de los fiscales, sino del sistema.
—¿Ha notado en este tiempo de pandemia si ha disminuido el negocio de la droga o para estos clanes no hay virus que valgan?
—Pues ha seguido igual. Nosotros estábamos confinados pero esta gente ha seguido con sus negocios al mismo ritmo, o más. El verano pasado fue un horror de trabajo y operaciones porque, aunque estábamos trabajando telemáticamente durante el confinamiento, muchos registros tuvieron que frenarse por no poder hacerse con todas las garantías sanitarias y cuando se pudo actuar fue tremendo.
—¿Están notando que algunos de los clanes del Campo de Gibraltar se están desplazando hacia otras zonas de la provincia?
—Sí, se está diversificando la entrada de droga por toda la provincia, incluso por Huelva o Almería, lo que pasa que lo normal es que las organizaciones sigan asentadas en su zona, es decir que los clanes siguen en el Campo de Gibraltar pero se alían con otras organizaciones para que les hagan las descargas y guardar la droga en guarderías mientras ellos siguen con sus negocios con los marroquíes, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen las infraestructuras para traer la droga pero son los marroquíes quienes venden el producto.
—Es un negocio que está en auge, porque en Europa se está pagando el kilo de marihuana prácticamente como el hachís y muchos grupos están cultivando su propia droga. Generalmente son grupos que se dedican a subcontratar a gente que en un chalet tiene una plantación, y luego ellos se encargan de la distribución. Hay plantaciones en zonas que no te puedes ni imaginar, en zonas residenciales de Chiclana, El Puerto de Santa María, o sea que ya no son cultivos de exterior, sino indoor con cosechas controladas que te dan tres o cuatro cultivos al año, plantas que no crecen tanto, y tienen su infraestructura para poner lámparas, expertos para calcular la temperatura, el agua, y ahora mismo prácticamente la mayoría de los casos por lo penal que vemos son cultivos interiores de marihuana. Otro problema también que se está planteando en la provincia, y que es muy interesante porque hay un gran debate abierto, son las plantaciones industriales de marihuana, que son ya extensiones que afirman que sus cultivos industrial son para extraer tejidos o semillas y lo que hacen es extraer cogollos y venderlos en Europa, que los están pagando muy bien. España se está convirtiendo en un gran país productor de marihuana.
No se puede tener años a una persona en prisión provisional sin saber si finalmente va a ser condenada”