Indignación frente al fuego
● Una auditoría externa de la Junta propone un sistema ‘público-privado’ en el Infoca ● El informe incluye como absentismo los permisos de paternidad o las horas extra compensadas ● La temporalidad entre los bomberos forestales se ha multiplicado por cinco desde 2016
“En general, se piensa que un bombero forestal lo tiene que ganar bien: 2.400 euros, trabajar un día, descansar cuatro, etc. Pero lo cierto es que gran parte de nosotros vivimos en la eventualidad: se nos contrata como temporales cada año, del 1 de junio al 15 de octubre. Y el puesto que yo estoy cubriendo, por ejemplo, es un puesto estructural de doce meses al año”, son las palabras de Juan, bombero forestal especialista de primera línea del Plan Infoca: traducido, lo que imaginamos al pensar en un bombero forestal. En labores de extinción de incendios, soldado de a pie.
El caso de Juan no es el único: desde Movimiento Infoca aseguran que pueden constituir un tercio del total. Este tipo de contratos son “fraudulentos e ilegales, se producen por circunstancias de trabajo (aumento de incendios en una época del año), pero se está cubriendo una vacante de un puesto fijo: como poco, se debería optar a la interinidad por vacante hasta que la plaza saliera a concurso público”.
Que los contratos eventuales entran dentro de la figura de fraude de ley no lo dicen sólo los afectados: hay sentencias judiciales y en torno a unas 300 demandas interpuestas. “En 2016 –calculan en Movimiento Infoca–, podría haber unos 250-300 temporales en toda la plantilla. Actualmente, habrá unos 1,200”. La cifra casi se ha multiplicado por cinco en cinco años. De ellos, un centenar aproximadamente se encuentra en la provincia gaditana. “Si este año en bolsa, había unos 1.200 puestos, 300 eran temporales. En total, la plantilla del Infoca puede ser de unas 4.000 persona”.
¿Por qué hablamos en aproximaciones? Porque no hay lista de Relación de Puestos de Trabajo. O, al menos, aseguran los afectados, no se les ha facilitado, tras años pidiéndola. De materiales, por ejemplo, sí hay relación: “Nos dicen que en la nueva OPE la tasa de reposición es del 8%, y nos creemos que son 50 plazas, pero no lo sabemos realmente”, apunta Juan.
Y es una tendencia, la de la eventualidad, que “cada vez va a más –afirman los portavoces de Movimiento Infoca– . Se justifica por el volumen de vacantes, porque la gente va envejeciendo. Pero el presupuesto del Infoca cubre esas plazas para todo el año: lo de alto o bajo riesgo es un concepto de empresa, porque son puestos que tienen que estar al 100%. Y ellos saben bien la que se nos viene encima”, afirman, refiriéndose a la ferocidad de los fuegos en los últimos tiempos.
Constituir el Infoca, a finales de los 80, supuso dejar atrás a las cuadrillas que se formaban cada quince días –sin equipación adecuada, sin formación específica– para apagar los fuegos. Fue entonces cuando se estableció una plantilla fija que debía rondar las 4.500 personas. Actualmente, la edad media de los fijos es muy elevada: “Muchos deben pasar o rondar los cincuenta años, así que lo lógico es que pasen a segundas ocupaciones porque no pueden estar en primera línea: pero esas plazas vacantes en primera línea no se reponen –explican–. La eventualidad ha pasado de ser un porcentaje marginal en el Infoca a algo realmente importante. Se ha transformado un empleo estable y en buenas condiciones en algo temporal, precario e ilegal”.
Esta circunstancia es una de las que destaca la auditoría a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), realizada desde la Junta por una agencia externa (PwC). En ella, señalan como problemáticos la edad media del Infoca, la presencia de trabajadores en segunda actividad, el aumento de los salarios y las compensaciones de horas generadas por el trabajo realizado en la extinción de incendios forestales. “El envejecimiento del dispositivo Infoca –señala en una nota al respecto la CGT, el sindicato mayoritario en AMAYA–, es sólo consecuencia del bloqueo, durante años y años, de la entrada de nuevos trabajadores y trabajadoras. Durante casi 10 años, la tasa de reposición de la plantilla de AMAYA fue de cero”. Sobre la existencia de trabajadores en se
gunda actividad, CGT manifiesta que la situación es “resultado de que aún no se haya aprobado el Estatuto de los Bomberos Forestales a nivel estatal: hay trabajadores más de 55 y 60 años sin posibilidad de jubilarse porque no disponen de un Estatuto específico que reconozca el riesgo y la penosidad del trabajo que realizan”.
Respecto al aumento de salarios, CGT subraya que el periodo escogido para el análisis (2015-2019) es torticero ya que "coincide con la aplicación de los acuerdos para la recuperación salarial de los empleados públicos aprobada por Montoro durante el Gobierno de Rajoy".
Pero, sin duda, el punto que más descoloca es el relativo al absentismo laboral: dentro de la tabla de tipos de ausencias injustificadas, vemos que se incluyen conceptos como los permisos de paternidad y maternidad, lactancia, visitas al médico u horas en compensación por horas extra.
“La acumulación de horas extras realizadas en verano se traduce, como es lógico en 10 o 12 días en invierno", apuntan desde Movimiento Infoca. Para CGT, no deja de ser irónico este señalamiento en particular ya que si "el dispositivo se encuentra fuertemente mermado fuera del periodo de alto riesgo, es porque los políticos consideran que no es necesaria su cobertura al 100% durante todo el año”.
“Los fuegos se están desestacionalizando con el cambio climático –confirma Juan–. Las labores de bombero forestal deberían desarrollarse, en su mayoría, durante todo el año: la mayor parte de la plantilla fija se dedica a labores preventivas en invierno. La eventualidad, que prescindan del trabajo de un tercio de la plantilla durante el invierno, implica que se haga un tercio menos de mantenimiento del que debería hacerse”.
“Debido a que el personal Infoca fijo durante el año no es suficiente para atender los requerimientos para el periodo de riesgo alto –concluyen en la auditoría–, anualmente la Agencia debe realizar contrataciones temporales hasta cubrir las necesidades de la Consejería.
Sería recomendable explorar la opción de contratar a terceros privados la fuerza de trabajo necesaria para atender las necesidades de la Consejería ( .... ) De esta forma iniciaría un recorrido a un modelo mixto público-privado, pudiendo llegar a un proceso de privatización gradual. Otras comunidades han optado por este complemento, ya sea de forma parcial (como es el caso Castilla la Mancha y Canarias), o casi total (como la Región de Murcia)”.
Para Juan y muchos de sus compañeros –incluida la CGT, que anuncia movilizaciones– se está preparando el terreno para la privatización: “Moreno Bonilla dijo esta semana que no iban a despedir a nadie, pero es que no les hace falta: simplemente, lo que tienen que hacer es no llamarno”.
El director gerente de AMAYA, Javier de la Torre, salía también esta semana a tranquilizar los ánimos, asegurando que el Gobierno andaluz “no va a privatizar ningún servicio de los que actualmente se llevan a cabo desde esta agencia” y entre los que se encuentran actividades “tan destacadas para la protección del entorno natural andaluz” como la extinción de incendios forestales, la defensa de especies amenazadas, la gestión forestal o la lucha contra el cambio climático. Las auditorías encargadas desde la Junta de Andalucía son “únicamente recomendaciones”.
“No creo que al final vayan a privatizarnos –indican desde Movimiento Infoca–, aunque cada vez que amaguen con algo así, nosotros lo señalaremos. Lo que sí que creo es que se va a montar con personal de todo tipo y en fraude de ley”.
“Yo sólo sé que mi contrato, como el de muchos, es ilegal –insiste Juan–. Y en un país en el que las condiciones labores caen en picado, pues creo que esta es la inercia, cuando el Infoca es, profesionalmente, el mejor dispositivo de extinción de incendios de España, y lo digo con conocimiento de causa. Tememos que se va a querer igualarnos a la baja, y no a la alta, porque la extinción de incendios es un servicio caro y, si se privatiza, el ahorro de costes va a ir a condiciones laborales y seguridad. En Extremadura, lugar en el que el plan de incendios se terminó desprivatizando relativamente, los cascos eran cascos de obra: se derretían en la cabeza. No se puede permitir que esto termine siendo un trabajo de universitario o de emergencia, por seguridad nuestra y vuestra”.
¿La baza? La excelente imagen pública. Ante pocas profesiones siente uno más respeto: “Yo, antes, vendía seguros por teléfono –cuenta Juan–, y cuando lo decía la reacción era: así que tú eres el cabrón que me despierta de la siesta. Ahora, cuando dices que eres bombero forestal, casi te abrazan”.
Se han interpuesto unas 300 demandas por contratos laborales en fraude de ley