Las macrocausas hipotecarán la Audiencia de Sevilla más de una década
● Jueces, fiscales y abogados que intervienen en los macroprocesos plantean soluciones como la creación de una o dos nuevas secciones de lo Penal para evitar el bloqueo total hasta más allá del año 2030
Estamos desbordados y con pocas expectativas de que el problema se solucione”. Este es el sentimiento de angustia que albergan los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla ante la avalancha de más de 170 juicios derivados de las macrocausas que han comenzado a recibir en los últimos años.
La situación de saturación es tal que los magistrados ya no ocultan que muchos autos y sentencias se firman digitalmente a horas intempestivas, fuera de las habituales de trabajo en la Audiencia. Y lo peor es que se ven inmersos en un pozo sin fondo del que no ven ninguna salida, una situación de zozobra que está provocando que algunos magistrados decidan arrojar la toalla, acogiéndose a jubilaciones anticipadas o marchándose a otros órganos judiciales unipersonales al no poder seguir soportado este esfuerzo continuado que se prolonga ya desde hace mucho tiempo. Incluso hay dos magistrados que están actualmente de baja por el estrés laboral derivado del colapso.
Faltan jueces para hacer frente al aluvión de juicios sin descuidar el resto de asuntos ordinarios, pero el problema no se resuelve sólo con medios personales, puesto que otro de los problemas a los que se enfrenta la Audiencia de Sevilla es que prácticamente sólo dispone de una sala –la que acogió el primer juicio de los ERE– para celebrar la mayoría de estos juicios, los que cuentan con más de siete acusados o partes personadas. Si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no toman medidas urgentes, los juicios derivados de las macrocausas hipotecarán la Audiencia de Sevilla durante más de una década, lo que determinará que muchos juicios puedan celebrarse incluso veinte años después de que se iniciara la instrucción judicial porque hay que recordar que, por ejemplo, el caso de los ERE, se abrió en 2011, y el de Invercaria en 2012.
El presidente de la Audiencia de Sevilla, el magistrado Damián Álvarez, se muestra convencido de que la solución pasa por incrementar el número de magistrados y crear una nueva Sección de lo Penal (la Novena), además de que las cuatro Secciones Penales actuales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) “tengan cada una al menos seis magistrados –tienen cinco– para que éstas puedan desdoblarse”, es decir, que cada sección sea aparentemente doble y puedan señalar y celebrar juicios a la vez.
Álvarez considera “engañosa” la demora que pueden provocar los 170 juicios pendientes, puesto que, según considera, en el mo
mento en el que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra las primeras sentencias de los ERE – la conocida como el “procedimiento específico”– y de la macrocausa de Invercaria, eso “aligerará el resto de los procedimientos y provocará muchas conformidades”, vaticina. Las macrocausas, a juicio de Damián Álvarez, han llegado “por sorpresa y de golpe”, y hay que buscar “una solución urgente” y mientras se crea una nueva sección habrá que fijar “refuerzos de magistrados a mansalva”.
El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, recuerda que desde 2018 sólo se han celebrado cuatro juicios de las macrocausas. Entre lo que resta de 2021 hasta 2023 se contemplan otros 9 juicios señalados de causas de Anticorrupción, y están pendientes de señalarse aún otros 9 más. “Pero es que desde mediados de 2020 se han formulado 44 escritos de acusación por los fiscales delegados de Anticorrupcion”, por lo que “al ritmo actual esos 44 juicios se celebrarían en unos 12 años, lo que nos sitúa en un horizonte de 2034-2035 para su respectiva celebración”.
El fiscal jefe señala, asimismo, que hay más de 100 causas de Anticorrupción en fase de instrucción, cuya previsible conclusión se sitúa en un horizonte de 4 o 5 años, por lo que todas aquellas en que puedan sobrevenir acusaciones “alargarán aún más el horizonte del punto y final de sus respectivos enjuiciamientos”.
Luis Fernández destaca asimismo que la previsión de duración media de estos juicios viene a contemplarse entre uno y tres meses, aunque los habrá de duración superior –más de seis meses–, como también algunos de duración inferior –una o dos semanas–. “Es así acuciante la creación de una quinta sección Penal, dejando abierta en función de la evolución de señalamientos la creación de una sexta sección, ya que en asuntos como los de los
ERE, que son mayoría (aunque no los únicos, piénsese en Invercaria, cursos de formación, fondos Jeremie, avales etc.) de los casos de Anticorrupción, el reparto se hace no entre 4, sino entre 3 secciones, y en el caso de una de estas tres secciones su conocimiento del llamado procedimiento específico restringe aún más ese reparto, que de facto se reduce a dos secciones y media”.
Por su parte, el magistrado Pedro Izquierdo, presidente de la Sección Primera, explica que no sólo continúan los mismos 21 magistrados en la Audiencia, “todos ellos próximos a edades no muy lejanas a la jubilación voluntaria y en las que se van poniendo de manifiesto incidencias de salud asociadas al transcurso de los años, que en algunas ocasiones se han visto agravadas por la situación de estrés laboral, sino que han sido todavía menos los que están en condiciones de asumir el incremento de reparto, al coincidir con un número significativo de exenciones permanentes estructurales por circunstancias personales, por bajas temporales prolongadas por enfermedad y la coincidencia, también con exenciones,
con la celebración de macrocausas”.
Como solución más inmediata, el magistrado apuesta por la “constitución de una Sala completa a disposición del presidente de la Audiencia con tres magistrados de refuerzo que pudieran hacerse cargo de la tramitación y resolución de los asuntos ordinarios de aquellos magistrados/as a quienes les correspondiera celebrar y resolver una macrocausa, sin que ello implique una sobrecarga de la actual Oficina al asignarle también un Funcionario de Auxilio y un Gestor o Tramitador”, afirma Izquierdo, que recuerda que además las cuatro secciones de lo Penal tienen que dar respuesta además a la actividad que generan un total 87 Juzgados de Sevilla y la provincia.
También sería necesario el
nombramiento de magistrados de refuerzo para cubrir los excedentes de reparto por exenciones permanentes o bajas por enfermedad desde el primer momento. “Sería asimismo conveniente el impulso a la implantación de Servicios Comunes en el marco de la nueva Oficina Judicial, así como la creación de un Gabinete Técnico de apoyo con la inclusión también en el mismo de profesionales expertos en contabilidad, auditoria e informática”, asevera el presidente de la Sección Primera.
Por su parte, el magistrado Ángel Márquez, que preside la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, coincide en que la situación es “muy agobiante” por la cantidad de asuntos que reciben y señala que se ha visto agravada por la suspensión de juicios debido a la pandemia del coronavirus, así como por las bajas de varios compañeros y la exenciones parciales de reparto de otros, lo que conlleva que el número de asuntos “sea mayor para los demás magistrados”.
El juez explica que en su dilatada trayectoria profesional “no ha conocido que nadie de la Audiencia
se haya cambiado a un juzgado unipersonal, como está ocurriendo ahora”, asevera Ángel Márquez, que añade que su sección está señalando los juicios ya para enero de 2023, a razón de tres días a la semana, y tiene pendiente de fijar la celebración de diez asuntos de complejidad, algunos de los cuales tienen 100 y 75 testigos, respectivamente, lo que muestra que se trata de procesos que necesitan de muchas sesiones de juicio. En su opinión, la solución pasa por el nombramiento de más magistrados para que cada sección pueda “doblar la cantidad de juicios” y también se necesitan “salas amplias”.
El presidente de la Sección Cuarta, el magistrado Carlos Lledó, comenta a este periódico que hablar de macrocausas es, simplemente, “la crónica de una muerte anunciada. Quienes trabajamos en las Secciones Penales venimos advirtiéndolo hace varios años, pero parece que no se nos acaba de creer. Por decirlo de forma clara y contundente: es imposible que las cuatro Secciones con competencia Penal afronten la respuesta a esas llamadas macrocausas en un plazo medianamente razonable. Ello entrañará una merma de los derechos de los acusados, pero también de los acusadores y de la propia sociedad, que demandan una respuesta judicial en un tiempo al menos tolerable”.
Respecto a las posibles soluciones, Lledó señala que “sería deseable que se empiecen a producir lo antes posible respuestas de nuestro Tribunal Supremo en aquellas causas que han sido enjuiciadas y penden de recurso de casación, pues la profunda imbricación entre muchas de esas macrocausas nos permitiría contar con criterios previos y estables para su enjuiciamiento, simplificando notablemente el debate”.
El magistrado coincide en la necesidad de incrementar el número de magistrados de la Audiencia como posible solución.
El fiscal jefe incide en que desde 2018 sólo se han celebrado cuatro juicios de las macrocausas