El gasto en seguridad de los partidos pasa de ETA a las redes
● El Tribunal de Cuentas propone redirigir la partida presupuestaria creada en 2002
El Tribunal de Cuentas ha propuesto a los partidos que cambien el destino de la partida económica anual de los presupuestos generales del Estado destinada a su seguridad –que fue creada en 2002 ante la amenaza terrorista de ETA– para que la empleen en ciberseguridad y protección en la Red.
En una moción aprobada para mejorar la situación financiera y control de los partidos y de las fundaciones, el órgano presidido por María José de la Fuente propone realizar este cambio en el gasto de dicha partida, para la que desde 2003 se han presupuestado 59,2 millones de euros.
Fue en ese año cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales con el fin de “hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas” y ofrecer protección a los ediles de todos los municipios españoles expuestos a la amenaza de ETA.
Así se desprende de la exposición de motivos del texto legal, en cuyo artículo 4 se permite la creación de una nueva partida anual de los presupuestos generales del Estado con el fin de costear aquellos gastos destinados a la seguridad de las formaciones con representación en el Congreso.
Ahora, 18 años después, el Tribunal de Cuentas avisa de que esa partida no es gastada en su totalidad por los grupos políticos, y propone otro tipo de utilización.
El tribunal alega que, ante un actual contexto social y político sin la presencia de ETA –la banda terrorista no actúa desde 2011, cuando anunció el cese de su actividad armada–, ese dinero puede destinarse a la seguridad de los partidos en la Red.
“El tipo de amenazas y riesgos para la seguridad de las formaciones políticas tiene en los tiempos actuales un ámbito relevante en el campo de las Tecnologías de la Información, a través de figuras tales como los ciberataques, el phishing o suplantación de identidad, o un eventual acceso a la información personal de los afiliados y simpatizantes o de los cargos políticos de las mismas”.
Desde la creación de dicha partida en el año 2003, los presupuestos han destinado un total de 59,2 millones de euros y, anualmente, se han dedicado entre 2 y 4 millones, dependiendo del ejercicio económico.
Por ejemplo, en 2003 se destinaron 2,8 millones a esa partida, cantidad que subió hasta los 3 millones al año siguiente, en 2004.
Durante los años posteriores, esa cifra fue variando y llegó hasta los 4 millones entre 2008 y 2011. En 2012 esa cifra bajó considerablemente hasta los 3,3 millones de euros y, desde 2013 hasta hoy, los presupuestos han destinado ininterrumpidamente una partida de 2,7 millones.
Sin embargo, el decreto que regula este tipo de ayudas públicas obliga a los partidos a reintegrar los remanentes económicos no empleados procedentes de este concepto económico.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas propone una reconsideración en el empleo de esta partida.
En 2017, este órgano recomendó evaluar su conveniencia “material y económica” en cuanto al cambio en las condiciones de seguridad bajo las que se encuentran los partidos para poder mantener su actividad política e institucional.
No obstante, la propuesta que hace el tribunal esta vez va más allá y pone sobre la mesa la utilización de ese dinero para garantizar la seguridad de los partidos en el ámbito de las Tecnologías de la Información.
Con ello, pretende animar a las formaciones a que se protejan de ciberataques que pongan en peligro la información sensible que manejan los partidos, ya sea sobre afiliados, simpatizantes y cargos políticos, entre otros.