Las claves del conflicto
El anuncio de la primera licitación reabre el enfrentamiento entre los municipios cordobeses y sus vecinos malagueños por el agua
Las aguas del pantano de Iznájar vuelven a estar movidas. El anuncio de la Junta de Andalucía de la licitación de la redacción del proyecto que llevará agua del embalse hasta los municipios de la comarca de Antequera ha reabierto una batalla dialéctica que llevaba años dormida, como las antiguas ruinas sepultadas bajo la presa. Los municipios ribereños de Córdoba, con Iznájar a la cabeza (4.134 habitantes), se oponen al “trasvase”, como su alcalde, López Ruiz, denomina a esta medida; las localidades malagueñas, en la otra orilla, ven imprescindible la “transferencia”, según el léxico empleado por el primer edil de Humilladero (3.310 vecinos), Miguel Asencio. Socialistas ambos, parecen condenados a no entenderse.
De la necesidad de llevar agua desde el mayor embalse de Andalucía, con una capacidad de 3.411,920 hectómetros cúbicos, hasta la comarca de Antequera lleva años hablándose. Y periódicamente salta la alarma a raíz de alguna declaración extemporánea que sitúa el proyecto en primera línea de la actualidad. En esta ocasión, ha sido la propia consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien hace unos días anunciaba que a finales de este mes pondría en marcha un nuevo paquete de licitaciones en materia hidráulica con una inversión de 166 millones de euros, entre las que se encuentra la redacción del proyecto que permitirá el trasvase.
Tras años de espera, será el primer paso para materializar un proyecto que todas las fuentes consultadas tildan de “faraónico”.
Por su coste económico, por el ingente volumen burocrático que moverá y, sobre todo, por la necesidad de poner de acuerdo a administraciones públicas que chocan continuamente. Para empezar, aunque la Junta de Andalucía haya garantizado que financiará la infraestructura, que superará los 60 millones de euros según los primeros cálculos, necesita del visto bueno del Gobierno central, que previamente ha de aprobar un decreto de sequía que lo justifique.
También tienen que entenderse la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de la que depende el pantano, y la Cuenca Mediterránea Andaluza, donde se integran las localidades malagueñas. A esto se suman diputaciones, ayuntamientos, propietarios y un largo etcétera.
Si el proyecto se materializa, beneficiará a unos 120.000 vecinos del Norte de la provincia de Málaga. El agua se garantizaría en Alameda, Mollina, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Algaidas, Casabermeja, Villanueva de Concepción o Humilladero. También en Fuente de Piedra, adonde martes y jueves llegan cubas de agua potable, se terminarían los problemas.
Son localidades que en la actualidad se abastecen de sus propios pozos, como explica el alcalde humilladerense, Miguel Asencio. “En Fuente de Piedra el agua está declarada no potable por la cantidad de cloruros, y la mayoría tenemos problemas con los nitratos. Estamos construyendo plantas de tratamiento, pero son insuficientes. Y a esto se añade que los acuíferos, que se recargan de manera natural, están vacíos porque no llueve”, expone el regidor. En este contexto, aunque no sea el pantano más cercano, los técnicos apuntan que el de Iznájar es el “más idóneo” para efectuar la “transferencia” de agua. Si se sigue una línea recta, las tuberías de suministro tendrán que salvar una distancia de más de 50 kilómetros, que serán muchos más si se tienen en cuenta las distintas ramificaciones que tendrá la red y la cantidad de localidades, una quincena, a las que hay que llegar.
Miguel Asencio rebaja el tono de la discusión. “Pedimos agua para el abastecimiento humano, y el compromiso que hay es una cesión de 4,9 hectómetros cúbicos anuales solo para el consumo doméstico. Y solo se hará cuando haya disponibilidad, no en periodos de sequía extrema. Hay alguna voz interesada que está malmetiendo y que habla de regadíos, pero esa utilidad nunca se ha puesto sobre la mesa. Somos conscientes del problema que tenemos todos si sigue sin llover”, asume.
Para el primer edil malagueño, “se reúnen todas las circunstancias adecuadas para que la obra sea una realidad”, por lo que confía en que la Junta tome las riendas de la iniciativa y licite la redacción del proyecto, una primera fase a la que se destinarán 850.000 euros. Asencio, en nombre de las localidades malagueñas, tiende la mano al entendimiento: “Ya le he pedido al alcalde de Cuevas Bajas que medie con el de Iznájar para que nos podamos sentar juntos y tratar el asunto. Lo mejor es que no haya información distorsionada”.
“BASTANTE MALESTAR” EN CÓRDOBA
En la parte cordobesa, el anuncio de la consejera Crespo ha creado “bastante malestar”, como conla
El alcalde de Iznájar subraya que el daño que provocó la presa aún no se ha reparado
fiesa el alcalde iznajeño, Lope Ruiz, que con sus declaraciones lidera la oposición a este proyecto. “Lo único que sabemos es lo que hemos leído en los medios. Nadie se ha dirigido a nosotros para concretarnos el proyecto ni para resolver todas las dudas que existen”, incide el primer edil, quien recuerda que el pantano apenas alcanza en la actualidad el 20% del nivel. “Si tenemos en cuenta que un 10% responde a la colmatación, realmente solo disponemos de un 10% para consumo real. Y con este agua se abastece en la actualidad a 250.000 personas. Es un disparate lo que se está proponiendo en estas circunstancias”, insiste.
Iznájar siempre ha tenido una relación complicada con el pantano. Aunque el pequeño caserío blanco levantado en un risco sobre las aguas sea ahora una de las postales más reconocidas del Sur de España, los vecinos han tardado décadas en familiarizarse con el que ahora denominan el mayor lago de Andalucía. Inaugurado el 3 de junio de 1969, en plena dictadura, las obras causaron una gran controversia. “El embalse destrozó este pueblo. Inundó las mejores tierras, cinco aldeas se quedaron debajo del agua. Perdimos empresas, fábricas y a la mitad de población en los años 60. Ese daño no se nos ha reparado”, subraya el primer edil.
La localidad ha tardado décadas en reponerse, expone. Y ahora, solo muy recientemente, ha logrado “obtener algo de aprovechamiento con el turismo rural y de aventura”. “Somos el segundo municipio en número de alojamientos de la provincia de Córdoba. Ha habido muchas inversiones para reformar viviendas para uso turístico, y muchas empresas han conseguido crear una gran oferta de ocio en torno a los deportes acuáticos. Es uno de los motivos de que exista tanto recelo, aunque el principal es la garantía del consumo para quienes ya dependemos del pantano”, incide Lope Ruiz.
Para el primer edil, el “trasvase” debería de ser la “última opción” después de adoptar otras medidas que dependieran exclusivamente de la Cuenca Mediterránea, que tiene los pantanos –compara– al 50% de su capacidad. También considera que los agricultores de la comarca de Antequera deberían de “eliminar los regadíos que no sean rentables”, como el maíz y el trigo.
Recuerda, además, que antes de “gastar dinero” en esta iniciativa, las administraciones han de resolver problemas “pendientes” en algunas aldeas iznajeñas: “Hay núcleos que están sin conectar a las depuradoras. Y también es imprescindible la limpieza de los cauces. Hay muchas intervenciones que llevamos demandando desde hace largo tiempo”, recuerda el regidor cordobés, para quien los últimos movimientos de la Administración autonómica han creado gran desconfianza. El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, visitó el municipio de la Subbética en julio: “Quedamos en que el asunto se iba a aparcar. Y ahora, de pronto, nos encontramos con esto en los medios de comunicación, sin aviso”.
OPOSICIÓN FRONTAL DEL CAMPO CORDOBÉS
Hay otra batalla que se libra en el campo, tal vez más furibunda que la guerra dialéctica entre ayuntamientos y que se sintetiza en una oposición frontal del agro cordobés a llevar agua a la comarca de Antequera. Al menos, “mientras no se solucionen las demandas históricas de regadío para la provincia”, como manifiesta el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, quien se opone “con firmeza a cualquier autorización de uso de agua de Córdoba hacia otras provincias”, pues hacerlo “supondría ahondar aún más en el agravio a Córdoba como ha ocurrido hasta ahora”.
Para el dirigente empresarial, esta decisión “no sería ni justa ni razonable por el perjuicio que supondría a los agricultores y al campo cordobés”. Asaja esgrime datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, según los cuales, mientras que en Córdoba se han dejado de usar desde los años 90, o no se han asignado dotaciones previstas en el Plan Hidrológico, un mínimo de 228 hectómetros cúbicos, en otras provincias se han ido incrementando los regadíos desde esa fecha. Esa cantidad, según argumenta Asaja, procederían de las zonas regables del Guadalmellato, Guadajoz, riegos con toma directa y GenilCabra, entre otras, y pondría en riego 150.000 hectáreas de olivar, “lo cual supondría mucho empleo y riqueza”.
Además, la patronal agraria plantea que Córdoba es la provincia de la cuenca del Guadalquivir que más agua almacena, un 49,55%, y la que menos riegos tiene, el 16,83%, junto a las que menos porcentaje de olivar en riego tiene en esta cuenca, el 14,39%, “a pesar de ser la segunda en superficie” de este cultivo. “Esta situación empobrece nuestras zonas rurales debido a la penosa situación de los cultivos de secano, que hace que solo los riegos sean competitivos”, según Fernández de Mesa.
Cooperativas Agro-alimentarias también se opone, y ha solicitado a la Junta y a la CHG que prioricen otras obras hidráulicas con años de retraso acumulado y “vitales” para el desarrollo del regadío cordobés. La federación se refiere, entre otras, a la histórica ampliación de la zona regable del Genil-Cabra, prevista desde el año 1974. También apunta a otras inversiones como la reclamada por la Comunidad de Regantes Paño Cabezas de Jauja (Lucena) para el aprovechamiento agrícola de las aguas invernales o a muchas otras previstas. En este sentido, el presidente de Cooperativas, Rafael Sánchez de Puerta, insta a “finalizar y conceder estos proyectos antes de trasvasar agua a otras provincias”.
El primer edil de Humilladero defiende que el consumo será únicamente doméstico