‘GUERRAS DEL AGUA’ EN ANDALUCÍA
HACE unos días, este diario se hizo eco de un conflicto por el uso del agua del pantano de Iznájar entre los municipios de esa comarca cordobesa y los de la comarca de Antequera. También del enfrentamiento por el agua entre olivareros y propietarios de cultivos subtropicales en la Axarquía malagueña. No son dos casos aislados. El agua está en el centro de intereses encontrados en muchos otros lugares de Andalucía. También del Estado y a nivel mundial.
Habría que partir de una obviedad: el agua, como el aire, es un elemento esencial para la vida humana (y, en distinto grado de necesidad, para la vida en general). Beber es tan imprescindible como comer (incluso más) y como respirar. Para el cultivo, la ganadería y las industrias artesanales el agua es necesaria. La cercanía a lugares con agua (fuentes, pozos, ríos, lagunas…) explica, en lo fundamental, la distribución de los asentamientos humanos. No es extraño, pues, que el control sobre el agua haya sido motivo de fuertes enfrentamientos a través de la historia.
Todo lo anterior se agudiza en territorios donde las lluvias son poco abundantes o/y irregulares. En las sociedades basadas en la agricultura, las sequías originaron hambrunas, fuertes alzas de precios, migraciones forzadas y lo que hoy llamaríamos catástrofes humanitarias. Desde finales del siglo XIX, se intentó remediar esta total dependencia de los fenómenos climáticos mediante la acumulación de agua en embalses a lo largo de los ríos con el principal objetivo de poner en riego determinados cultivos y, más tarde, también para producir energía eléctrica. Ignorantes por mucho tiempo del funcionamiento de los ecosistemas y de la necesidad de su preservación, llegó a ser un objetivo declarado el que “ni una gota de agua se perdiera en el mar”. Se acometieron obras, a veces faraónicas, de altos diques –con inundación de valles e incluso desaparición de pueblos– y se proyectaron trasvases de largo recorrido.
A nadie se le ocurrió plantearse que la afirmación de que exista una real escasez de agua en numerosas comarcas andaluzas y del mediterráneo en general sólo tiene sentido si consideramos el nivel de la demanda. A mayor demanda de agua para el uso humano y, sobre todo, para actividades económicas, principalmente agrícolas pero también ganaderas, industriales y turísticas, mayor escasez de agua. Esta consideración es básica para situar el punto de partida, a pesar de que haya sido ignorada para tener solo en cuenta otros factores productivos favorables.
Tradicionalmente, los cultivos de huerta, en los que se basó durante siglos la alimentación cotidiana de las poblaciones, eran posibles por el agua de pozo o por sistemas locales de acequias muy ligadas a las condiciones del medio y cuyo control era, las más de las veces, comunitario. En este contexto no había escasez de agua porque, fuera de las huertas, todos los demás cultivos eran de secano, con plantas y árboles bien adaptados a las condiciones ambientales (salvo en casos extremos de sequía) y con una ganadería subsidiaria, en pocos casos estabulada (ovejas, cabras, cerdos, algunas gallinas), que tampoco requería gran cantidad de agua. Hoy, la extensión desmedida del regadío, los cultivos hiperintensivos, la introducción de variedades subtropicales, la proliferación de la agricultura bajo plásticos y las superindustrias cárnicas (muy diferentes a la ganadería de dehesa) han multiplicado de forma extraordinaria la demanda de agua. Pero, en realidad, ¿falta agua o es excesiva, y desordenada, su demanda?
Para uso humano directo (beber, higiene, saneamiento, etc.) sólo se utiliza hoy aproximadamente un 10% del agua que es consumida. El 87% de la que se detrae de la cuenca del Guadalquivir es para regadíos, que se han multiplicado sin apenas control sobre todo en las grandes fincas (hoy en buena parte en manos de multinacionales y fondos financieros). E igual ocurre en el Guadalhorce y otras zonas, incluidas aquellas más áridas, como el mismo desierto de Tabernas, en Almería. Y la necesidad de agua para las fresas y otros frutos rojos está desecando Doñana al ser sobreexplotados sus acuíferos. Lamentablemente, ni el Gobierno autónomo ni el estatal tienen políticas de decidida defensa del agua como bien público y elemento central de los ecosistemas. La siguen considerando un recurso económico más en lugar de como un bien común: un patrimonio no privatizable. Aún más: su precio de mercado sigue siendo bajo en relación con otros inputs. Por este camino, se multiplicarán los problemas y conflictos. Se precisa un pensar distinto sobre el agua: una “nueva cultura del agua” que en nuestra tierra debe incorporar componentes tradicionales tanto de uso como de significación estética. El agua como fuente de vida y también de goce estético al escucharla saltarina en nuestras fuentes o corriendo libre por las acequias.