La Fiscalía perseguirá a los alcaldes que no derriben casas ilegales por desidia
● El Área de Medio Ambiente insiste en la dejadez de los consistorios y alerta de “un importante número de construcciones irregulares” llevadas a cabo en la provincia “por el mismo empresario”
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha hecho pública la memoria completa de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo correspondiente al año 2020. En ella aparecen reflejados varios aspectos que atañen a la provincia de Cádiz, entre los que llama especialmente la atención la denuncia que realiza la Fiscalía de Cádiz sobre la “dejación” de los ayuntamientos en materia de urbanismo, una desidia administrativa que contrapone con la estrecha colaboración que existe con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Ministerio Público califica de “poco satisfactoria” la relación con las administraciones locales, cuando “paradójicamente deberían de ser una importante fuente de información en temas de urbanismo delictivo, sin embargo, no se comunica nada o muy poco”, precisa la citada memoria.
En concreto, el informe dice: “Cádiz denuncia lamentables supuestos de dejación por parte de algunos Consistorios, con inexistentes relaciones con la Fiscalía, que permiten –entre otras cosas– la inclusión en el padrón de las personas que afirman residir en viviendas, sin comprobar si ello es o no cierto”.
Las construcciones irregulares y las parcelaciones ilegales, apunta la FGE, suelen ser los temas más frecuentes dentro de todo el esquema ambiental. La Fiscalía de Cádiz refiere “un importante número de construcciones ilegales y parcelaciones en masa en diferentes partes de su territorio llevadas a cabo por el mismo empresario”, cuya identidad no ha trascendido. Además, estas edificaciones irregulares se construyen “con una rapidez extrema, lo que impide adoptar medidas cautelares o instar la paralización”. Todo ello, sin olvidar las construcciones ilegales llevadas a cabo por el entorno del narcotráfico. En este punto, el Ministerio Fiscal subraya que se han abierto causas separadas contra los parceladores por los actos de división de terrenos y contra los compradores por la construcción final.
Asimismo, la Fiscalía de Cádiz recuerda, como ya hiciera en la memoria de 2019, “interesantes iniciativas” consistentes “en actuar contra alcaldes, tras deducir testimonio, por actitudes de desidia cuando se trata de proceder subsidiariamente a la demolición”. No obstante, “tanto Ayuntamientos como condenados continúan obstaculizando el proceso judicial de diferentes maneras”, expone el balance de 2020. “Siguen produciéndose toda suerte de triquiñuelas e interpretaciones irregulares de la normativa urbanística por parte de particulares y administraciones para conseguir legalizaciones de construcciones ilegales”, remata.
De otra parte, y según la memoria de Cádiz, los problemas que se producían en materia de prescripción de la demolición han sido resueltos al poder oponerse los fiscales con base a la reciente sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
607/2020, de 13 de noviembre, que establece que en la ejecución de los pronunciamientos civiles no es aplicable ni la prescripción del artículo 1971 del Código Civil, ni la caducidad del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que la ejecución solo puede terminar con la completa satisfacción al acreedor, conforme a lo previsto en el artículo 570 del Código Civil.
A diferencia de la valoración realizada sobre relación con los consistorios, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de Urbanismo aplaude el trabajo conjunto que se desempeña junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así, recuerda por ejemplo que gracias a la Policía Local se logró rescatar a un varanus salvator (un reptil) que iba a ser enviado desde Vitoria a Chiclana y que fue interceptado dentro de un paquete de mensajería. Tales hechos dieron lugar a unas diligencias, posteriormente judicializadas, que se están tramitando ante el Juzgado de Instrucción número 3 de VitoriaGasteiz por un delito de abandono y un delito de tráfico ilegal de especies, tras haberse constatado el incumplimiento de la normativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) por parte del poseedor del animal. En este apartado, el informe refleja que “cada vez son mayores las referencias a la Policía Local y su excelente labor por parte de las Fiscalías”.
En materia de cooperación policial, la Fiscalía de Cádiz reseña también la eficaz colaboración entre el Seprona y los agentes forestales, en ocasiones, “llegando a hacer el Seprona el atestado y los agentes forestales, el informe técnico” del caso en cuestión.
OTRAS ACTUACIONES
La memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo del año 2020 recoge que en la provincia de Cádiz se ha recuperado un busto romano, previamente objeto de hurto, pero no por la vía penal, sino administrativa, al haberse entregado voluntariamente la pieza.
En materia de fauna y flora, la
Fiscalía de Cádiz investiga el desbroce de flora silvestre catalogada y protegida en el Parque Natural del Estrecho así como un vertido de bloques de hormigón en la Bahía de Algeciras. También se han abierto diligencias por la electrocución de un Ibis Eremita al colisionar con un transformador de una compañía eléctrica y por la electrocución de un buitre leonado en Jerez.
El informe anual llama la atención sobre la disminución de delitos de maltrato a animales domésticos en Cádiz, donde no se ha incoado ninguna diligencia al respecto, si bien sí se han dictado varias sentencias condenatorias por este delito.
Respecto a los incendios forestales, el balance de 2020 señala que apenas se han registrado en muchas provincias españolas, entre ellas Cádiz, debido a la situación de pandemia por el coronavirus. De hecho, solo cinco personas, de un total de 126 a nivel regional, fueron detenidas o investigadas el pasado año en la provincia gaditana por incendios forestales, la misma cifra que en 2019.
La “extrema rapidez” de las edificaciones ilegales impide tomar medidas cautelares